Guadalajara, Jalisco.

Desde 2013 y hasta febrero de 2023 se han identificado 384,580 niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de movilidad humana con un estatus migratorio irregular dentro del territorio mexicano.

Según datos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y los boletines estadísticos realizados por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), alrededor del 30 por ciento de ellos entran en la categoría de no acompañados.

Sólo en 2022, la autoridad migratoria mexicana ha reconocido a 70 mil 019 menores en situación de movilidad que transitaban de manera irregular por el territorio nacional, de los cuales el 18.5 por ciento (12,954) no estaban acompañados. La mayoría de ellos son provenientes de países de Centro y Sudamérica, aunque también se han registrado menores procedentes de las islas del Caribe como Cuba, Haití o República Dominicana.

De esta forma, de los últimos nueve años, 2022 es el segundo año con mayor flujo de migración irregular de niños, niñas y adolescentes, siendo superado sólo por 2021 cuando se registraron 77,608 personas en estas condiciones. En tercer lugar se encuentra 2019, con 53,507 menores, y en cuarto sitio está 2016 con 40,114 casos identificados oficialmente.

Los datos preliminares de la UPMRIP correspondientes a enero y febrero de 2023 muestran que se ha identificado a 13,506 NNA en estas situaciones, de los cuales 1,227 eran no acompañados.

Luis Enrique González Araiza, director ejecutivo de FM4 Paso Libre, menciona que esta realidad hace evidente la necesidad de que el Estado trabaje para garantizar la protección y el ejercicio de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en situación de movilidad humana:

“Uno de los cambios significativos [en materia legislativa] que se dio fue en 2020 cuando se prohibió que esta población [NNA en situación de movilidad humana] fuera detenida por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y depositada en cárceles migratorias, denominadas eufemísticamente como estaciones migratorias”.

No obstante, el director de la asociación civil “Dignidad y Justicia en el Camino” señala un problema que las autoridades gubernamentales deberían considerar: la falta de albergues especializados en la atención específica a niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana:

“Hay un serio problema. Te diría que, por ejemplo, a nivel local, a nivel Jalisco, no hay albergues para esta población, hay pocos albergues para adolescentes [en situación de movilidad humana] ya sean mexicanos o extranjeros. Entonces, lo que ha sucedido es que esta población se resguarda en espacios como el nuestro [FM4], que es un albergue donde atendemos a distintos grupos etarios, hay distintas edades y no es especializado”.

González Araiza finaliza remarcando la importancia que han tenido las asociaciones civiles en este contexto:

“El papel que han fungido los albergues como FM4 Paso Libre, El Refugio o Casa Scalabrini aquí en Jalisco ha sido un poco el de asumir ese papel que le corresponde al propio Estado a través de un albergue que no existe. Me parece fundamental este trabajo que hacemos para que, en conjunto con la Procuraduría [de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes], podamos brindar la protección que esta población requiere”.

Redacción: Adán Padilla Cárdenas.