Con sus apacibles canales rodeados de espesa vegetación, por los que se deslizan coloridas trajineras al son de música mariachi, Xochimilco, un turístico barrio del sur de Ciudad de México, es amenazado por la mancha urbana de la megalópolis que avanza sobre sus idílicos rincones de origen prehispánico.

Con sus 10.500 hectáreas protegidas y clasificadas Patrimonio Mundial por la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Xochimilco es visitado cada año por un millón de turistas, pero poco a poco está siendo devorado por la creciente urbanización pese al esfuerzo de algunos activistas.

Víctor Cruz, miembro de la organización Techo México, aseguró a la AFP que, como en muchas partes de América Latina, es común que terrenos mexicanos sean vendidos ilegalmente por personas que se los apropiaron.

En Xochimilco, vestigio de la antigua ciudad azteca de Tenochtitlán, cada mes nuevas construcciones rudimentarias vienen a sumarse a los cerca de 600 barrios irregulares que se asientan en este sector.

Y de ser improvisadas casuchas, poco a poco estas construcciones se van transformando en edificaciones bien establecidas que incluso gozan de servicios como la energía eléctrica.

En 2009 había unas 17.500 viviendas ilegales, según la secretaría de Medio Ambiente local.

Lejos de la zona turística, en las faldas de las montañas que rodean la megalópolis, una parcela de una hectárea que los agricultores locales dejaron de cultivar temporalmente, fue invadida por asentamientos irregulares en 2010. Seis años después, la madera y el cartón que sostenían en pie estas casas cedieron el lugar al cemento, para dar forma incluso a un edificio de tres pisos.

- Represalias contra activistas -

La impotencia de las autoridades para frenar el fenómeno exasperó a los ribereños, quienes decidieron defender su territorio aunque con ello expusieran sus vidas.

Claudia Zenteno, quien vive al borde de la zona protegida desde 1995, es una de las más activas defensoras.

En 2002, denunció formalmente a una familia de acaparar y luego vender terrenos. Este caso resultó en la condena de cuatro personas por delito ambiental, y una de ellas recibió una sentencia de cinco años de prisión y una multa de más de 90.000 dólares.

"La lucha fue mucho muy difícil", dijo a la AFP Zenteno, cuyo hijo fue secuestrado nueve días y su auto robado como represalia por su activismo.

"Eso es lo que gané", lamentó esta madre de familia de 52 años, quien desde 2013 se encuentra bajo una protección especial por parte de las autoridades.

Pese a estas agresiones, sigue pensando que su combate "vale la pena".

- Un fraude -

Según Cruz, la mayoría de la gente instalada ilegalmente son compradores "de buena fe" que no tienen acceso a la vivienda en zona urbana, donde los precios son demasiado elevados.

Julia González, de 48 años, vive en Xochimilco desde la década de los 90 en una pequeña casa de muros blancos, en el "barrio" de Toltenco, donde el silencio solo se interrumpe por los ladridos de un perro y lejanos golpes de martillo.

En este lugar no hay calles, ni plaza principal, ni iglesia. Solo un pequeño altar que alberga una estatua de la virgen de Guadalupe en el borde del canal.

Según González, varios años después de haber comprado el terreno ante un notario se enteró de que el vendedor no era el dueño legal de la propiedad.

"Nos engañaron vilmente. Supimos cuando empezaron los problemas, cada vez que nos venían a visitar los granaderos (policías antimotines)", explicó, al asegurar que luchará por mantener su propiedad.

"Los (falsos) dueños que vendieron siguen vendiendo y (las autoridades) no les ponen un alto. ¿Por qué?", se preguntó.

En tanto, la protección de la zona es apremiante para el futuro de la capital, ya que los pozos de Xochimilco aún surten de agua a una parte de Ciudad de México.

Ciertas zonas son incluso "de recarga de acuíferos, una zona importante de bosques", subraya Silvia Soriano, directora de recursos naturales de Xochimilco.

Pero sin drenaje, estos barrios irregulares contaminan el agua y los suelos. Y cuando los terrenos son cubiertos de cemento, el agua no puede ser reabsorbida, provocando inundaciones o derrumbes de terrenos.

La política "cero crecimiento" anunciada por las autoridades no ha tenido el efecto prometido.

Según Soriano, algunos gobiernos son cómplices al cerrar los ojos frente a esta urbanización salvaje a cambio de votos en las elecciones locales.

Ante esta situación, las autoridades consideran la posibilidad de legalizar una parte de los terrenos, así como la recuperación por parte del Estado de otros sectores donde las construcciones son todavía rudimentarias.