Guadalajara, Jalisco.

El problema de vivienda accesible para la mayoría de sus habitantes en el Área Metropolitana de Guadalajara es una realidad. Por ello, el Congreso del Estado busca quitar la actual Ley de Vivienda y crear una nueva: la Ley de Acceso al Hábitat Digno y Adecuado para el Estado de Jalisco.

El diputado del PAN, Abel Hernández Márquez, informó que se está consultando a diversos sectores sociales y el próximo miércoles 17 de enero se efectuará un foro específico para que acudan personas con discapacidad, sus familiares y cuidadores y organizaciones civiles que atienden a este grupo poblacional, en la sede del Congreso del Estado.

La nueva ley es conocida popularmente como #LeyAntiHuevito pues busca que ninguna familia viva en viviendas menores a 38 metros cuadrados, como existen hoy algunas.

“En realidad es una ley que quiere garantizar vivienda digna y accesible para todas y todos los jaliscienses y una parte muy importante son los grupos vulnerables.

Es por eso que los estamos consultando y es importante que acudan y expresen su opinión para que esto quede debidamenta plasmado y que sea una ley que sirva para los jaliscienses y sobre todo para las futuras generaciones”, explicó.

La Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez que preside el diputado Abel Hernández, organizó la consulta pública para que las personas con discapacidad que hoy no cuentan con una vivienda digna, presenten ideas y propuestas.

“Parte de la calidad de vida de las personas es que tengan acceso a sus viviendas, que se construya vivienda donde las personas con alguna discapacidad puedan vivir de manera digna y adecuada correspondiendo con su discapacidad.

Por eso es importante que los consultemos, para ver cuáles son esas necesidades y cómo podemos lograr que lo que se desarrolle, se haga para que cumpla sus funciones y sus necesidades y vivan de una manera digna y decorosa”, subrayó.

• Según la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 (ENVI), 12 de cada 100 viviendas eran consideradas “huevito”. Este tipo de casas se sitúan sobre todo en Tlajomulco, El Salto y Tala y la meta es que ese tipo de fincas no se permitan en un futuro.