Guadalajara, Jalisco.

Aún con el imperdonable costo de los 500 pesos, 50 más por infracción si acude tardíamente, y las consecuentes multas por no cumplir con el trámite, la verificación vehicular llegará descafeinada al mes de julio, ya que fueron excluidas las motocicletas, quienes no pasen en dos ocasiones tendrán un año para arreglar su automóvil y en ese lapso podrá seguir circulando.

También va cargada de muchas promesas como apoyo a algunos sectores para comprar vehículos, como comerciantes ambulantes y otros, y para ello el uso de recursos otorgados por organizaciones de la sociedad civil.

Son prácticamente parches que se le han puesto a esta iniciativa que nació con muchas complicaciones y sin considerar varios escenarios, pero sobre todo sin tomar en cuenta a los ciudadanos.

Lo que nadie sabe ni explica es que ha pasado con el llamado fondo verde, incluyendo la propia Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial ha reconocido que no le ha llegado un peso, pero prometen que ahora sí se les tocará algo de este programa calificado por muchos como recaudatorio.

Esto se desprende del diálogo que tuvieron el fin de semana pasado choferes de vehículos de plataforma, activistas, dueños de talleres y hasta comerciantes de tianguis, quienes temen quedarse sin camionetas para trasladar su mercancía, luego de que 150 de ellas les han sido rechazadas en esta etapa de la verificación.

El encuentro fue en SEMADET, sin celulares, pero Canal 44 tuvo acceso a la minuta que se elaboró al respecto y donde la dependencia incluso contestó por escrito a los cuestionamientos.

Son 14 puntos, donde se aclara que si alguien acumula dos rechazos podrá circular un año sin ser molestado...como se lo dijeron a este usuario después de que su camioneta llegó preverificada, paso esas dos pruebas previas y por segunda vez en el verificentro no pasó... aunque como le dijeron en el taller su vehículo está en óptimas condiciones y ya no le pueden hacer nada.

Lo que nunca les aclararon es que después de un año que pasará, ni el usuario ni los activistas saben si le darán otra oportunidad o tendrá que deshacerse del vehículo.