Guadalajara, Jalisco.
Un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de dos años de prisión preventiva, a los únicos dos detenidos relacionados con la emboscada a personal de la fiscalía dedicado a la búsqueda de personas y a quienes mediante llamadas anónimas les insistieron durante tres días que acudieran a lo que finalmente fue una trampa.
Se trata de Samuel M. y Sergio Julián N., que a partir de este momento enfrentan un proceso penal por su probable relación en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, daño en las cosas y asociación delictuosa.
El ataque dejó un resultado de seis personas muertas -cuatro de ellas policías investigadores- y un total de 15 lesionadas.
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Ha quedado constancia dentro de la carpeta de investigación que durante tres días antes del ataque, los agentes recibieron varias llamadas telefónicas anónimas que insistían en que en esa zona de Tlajomulco había varias fosas y restos humanos.
Finalmente el 11 de julio decidieron acudir a la confluencia de las calles Abasolo y Flaviano Ramos Norte en la zona Centro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y justo cuando iban a realizar la indagatoria, fueron explotados a distancia un total de siete artefactos previamente sepultados en la tierra.
La explosión afectó a los agentes y a otros vehículos donde viajaba una familia vecina de un rancho de la zona.
Se reunieron datos de prueba contra dichas personas que acreditan su probable participación, por lo que se obtuvieron órdenes de aprehensión en su contra por los delitos ya mencionados y fueron cumplimentadas por la Policía de Investigación en días pasados. Ambos quedaron a disposición del Juez de Control y Oralidad.
Este viernes se desahogó la audiencia de continuación en la que el agente del Ministerio Público presentó los elementos reunidos en la indagatoria a la autoridad judicial quien entró al estudio del caso y determinó que eran suficientes para iniciarles el proceso penal, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante dos años, ante la gravedad de los hechos ocurridos.
Las investigaciones continúan y se sospecha que hay más personas involucradas, que ya son buscadas.
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