Guadalajara, Jalisco.

Otorgar permiso de habitabilidad a las Villas Panamericanas es una decisión “cobarde” en favor del interés económico que golpea la estabilidad ecológica de la ciudad. Así lo advierte el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Antonio Gómez Reyna, quien lamentó que este fallo se dé en el marco del periodo vacacional para los universitarios, sector que ha sido un férreo defensor de evitar el uso de las villas edificadas en una de las zonas de recarga hidrológica más relevantes para la ciudad.

"Se vuelve a dar, una vez más, un sablazo directo sobre lo que viene siendo el desarrollo urbano de la ciudad con el interés económico antes que el de medio ambiente y sustentabilidad. Y, como siempre en un sistema, podríamos llamar cobarde, en tiempos de vacaciones, cuando la universidad, que ha sido un garante para defender el medio ambiente, pues se aplica en estos días y pues ahí se ve otra vez los intereses mezquinos que existen dentro de un sistema de justicia, entre comillas, ‘administrativa’, de intereses muy oscuros".

El investigador del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la UdeG agregó que este fallo del Tribunal de Justicia Administrativa “empeña” el futuro de la calidad en las dinámicas hidrológicas de la zona metropolitana, por tratarse de una zona con alta capacidad de infiltración de agua y la consiguiente recarga de mantos freáticos que, al estar impermeabilizada, provocará efectos más crudos de sequía y contaminación de agua, toda vez que nadie ha aclarado ni revisado qué van a hacer con los drenajes de éstas viviendas y los nuevos comercios que lleguen a la zona del Bajío.

El complejo de las Villas Panamericanas, ahora nombrado Avaterra Natural Living, cuenta con mil 096 departamentos que, desde hace meses, se ofertan a la venta con costos que van desde los dos millones 800 mil pesos, hasta los cinco millones de pesos.

Ya surgieron voces a favor de la venta de estos departamentos, construidos entre 2009 y 2011. Una de ellas es la del director del Instituto de Pensiones del Estado, Héctor Pizano, quien dijo que la decisión del magistrado Laurentino es “positiva” porque se inicia la posibilidad de recuperar el dinero de los trabajadores de Jalisco que se invirtió en este complejo y que ronda los mil 100 millones de pesos.