Karlsruhe, Alemania.

El Tribunal Constitucional alemán dio hoy luz verde, pero con condiciones, al Gobierno alemán para firmar la próxima semana el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Canadá, conocido como CETA por sus siglas en inglés.

El presidente del Tribunal Constitucional, Andreas Vosskuhle, dio a conocer su veredicto tras estudiar durante 24 horas los recursos que reclamaban una decisión de urgencia contra la entrada en vigor parcial del CETA, relativa a las competencias que recaen en la UE, antes incluso de su paso por el Bundestag (Cámara Baja del Parlamento alemán).

Sin embargo, el Gobierno alemán debe garantizar que Alemania pueda abandonar el acuerdo de comercio en caso de que se establezca que existe alguna inconstitucionalidad en los ámbitos que tienen que ver con las competencias nacionales. Al respecto quedan aún varios recursos constitucionales pendientes de decidir por el tribunal.

El ministro de Economía y vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel, se mostró feliz con el veredicto. "Creo que pudimos convencer al Tribunal Constitucional con todos los buenos argumentos", declaró.

Asimismo, aseguró que cumplirán con las condiciones del Tribunal. "En parte ya las hemos cumplido", aseguró el líder socialdemócrata, que apostó firmemente por el acuerdo a pesar de la oposición en su propio partido.

El veredicto de hoy no dice nada aún sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados junto a los recursos de urgencia. "No se descarta que el CETA contenga condiciones que vayan contra la Constitución", indicó Vosskuhle sobre las demandas sobre las que se pronunciará el Tribunal más adelante, por lo que sería posible que el acuerdo comercial finalmente se frene.

Los demandantes, entre los que se encuentra el partido de La Izquierda, una maestra de música -que elevó una demanda en nombre de unas 68.000 personas- y una asociación de organizaciones no gubernamentales, querían que el Constitucional obligara al Gobierno alemán a votar en contra en la reunión de ministros de la UE el 18 de octubre e impedir así la entrada en vigor provisional y parcial del acuerdo comercial, cuya firma oficial está prevista para el 27 de octubre en Bruselas.

La asociación formada por la organización de protección del consumidor Foodwatch, junto con el grupo antiglobalización Campact y Mehr Demokratie (Más Democracia), que aboga por una mayor participación de los ciudadanos en política, habían recopilado más de 125.000 firmas a favor de su querella contra el CETA.

Nunca antes se había conseguido que tanta gente firmara una demanda colectiva para presentarla ante el máximo tribunal germano.

En su opinión, el acuerdo contraviene la Constitución alemana en puntos como la creación de tribunales de arbitraje internacionales que fallarían por encima de la Justicia de los países en casos de conflictos entre empresas y Estados y pone en peligro, además, la protección del consumidor y del medio ambiente en la UE.

A pesar del veredicto del Constitucional alemán, Foodwatch lo calificó de "enorme éxito", ya que "se ha hablado hoy en serio sobre todos los puntos sobre los que discutimos durante años, que simplemente se ignoraron en el pasado".

Mientras, la presidenta de la fracción parlamentaria de La Izquierda, Sahra Wagenknecht, se mostró "expectante" sobre cómo el Gobierno alemán piensa cumplir con las condiciones.

La firma en Bruselas a finales de mes posibilita la entrada en vigor parcial del acuerdo, antes de ser sometido a votación en los Parlamentos de los Estados miembros. El veredicto de hoy obliga al Gobierno a velar por que sólo entre en funcionamiento la parte que sea sin duda competencia de la UE. Todos los ámbitos que sean competencia de Alemania, en especial el sistema de justicia y la protección del mercado laboral y de inversiones, deben quedar fuera, detalló el Tribunal.

El Gobierno alemán siempre defendió el acuerdo, al que ve como un paso importante para lograr un nuevo impulso económico y nuevos mercados de consumo.

El CETA deberá ser ratificado por todos los miembros de la UE, ya que se trata de un tratado "mixto", es decir, que toca competencias de la UE y de los países miembros, por lo que el Parlamento Europeo no tiene la última palabra. El proceso de ratificación se puede dilatar dos años y debe ser aprobado por unanimidad.