Guadalajara, Jalisco.
Integrantes del Colectivo Luz y Esperanza se presentaron afuera de la Fiscalía del Estado de Jalisco en Calle 14 para meter un amparo que pide la liberación de su compañera Nadia Castañeda, detenida la madrugada del domingo 29 de julio por una supuesta agresión a un servidor público.
El líder del colectivo, Héctor Flores, confirmó que será por la tarde que Nadia quede libre. Y agregó que este tipo de incidentes no van a detener a los integrantes a continuar con la pega de las fichas de búsqueda.
Puntualizó que “Tlaquepaque es un foco rojo para los familiares que hacen búsqueda en vida de sus seres queridos desaparecidos”.
“Simplemente vamos a tener que cuidarnos más de la autoridad. Tlaquepaque es un foco rojo para las víctimas, siempre que vamos a Tlaquepaque pasa algo. Desgraciadamente ahora es la compañera que está pagando las consecuencias de buscar a nuestros hijos”.
La supuesta servidora público agredida por Nadia Castañeda, es la directora del centro histórico de Tlaquepaque, María de Lourdes López; dicha persona es investigada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante la queja por integrantes del colectivo que fueron agredidos el pasado 3 de julio mientras también realizaban pega de fichas de búsqueda.
“Fuimos agredidos por la misma persona la señora María de Lourdes López, tenemos fotografías y videos. Ya hay una denuncia en derechos humanos y vamos a ir a fiscalía anticorrupción y ahora depende la resolución que nos den en fiscalía nos vamos a ir al séptimo juzgado de materia penal a puente grande”.
De las irregularidades registradas en la detención de Nadia Castañeda, resalta que su nombre no figuró en el registro nacional de detenidos hasta la mañana del lunes 31 de julio, dos días después.
Tlaquepaque no es el único municipio que retira las fichas de búsqueda de los familiares de desaparecidos, se suma Guadalajara, Zapopan y hasta municipios del interior del estado como Etzatlán en donde hace 15 días el colectivo fue hacer búsqueda en vida y les pidieron que se retiraran.
Héctor Flores narra que la confrontación constante con las autoridades por exigir respeto a sus derechos humanos ha ocasionado que les condicionen el apoyo como colectivo.
“Seguimos peleando pidiendo nuestros derechos y nos van cortando las ayudas porque cada que tenemos un problema con el municipio de Guadalajara o Zapopan, van y les quitan el pulso de vida a las compañeras”.
Actualmente la Ley de Personas Desaparecidas en Jalisco no tipifica como un delito o violación a los derechos humanos el retiro de las fichas de búsqueda por parte de servidores públicos.
Tampoco durante la mesa de diálogo sostenida con autoridades del estado la semana pasada para determinar los protocolos de seguridad para la búsqueda de personas se abordó el tema.
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