Guadalajara, Jalisco. 

La contralora estatal Teresa Brito Serrano informó que el actual Gobierno de Jalisco entrante de Pablo Lemus y todas sus dependencias y organismos públicos descentralizados, tienen 30 días hábiles para avalar el proceso de entrega-recepción que les dejaron sus antecesores. 

Si hubo algún faltante de recursos, documentación extraviada o irregularidades, este es el momento de actuar, explicó la contralora estatal, quien precisó que todo el aparato estatal lo conforman 87 unidades administrativas, entre secretarías del gabinete y organismos públicos descentralizados.

• El relevo de autoridades estatales se realizó el 6 de diciembre y los 30 días hábiles están a punto de vencerse, el próximo 18 de enero.

Los nuevos funcionarios y titulares de área deben cumplir con la entrega de un informe a la Contraloría.

 “Quienes están recibiendo, tienen 30 días hábiles para hacernos llegar un informe preliminar y conocer de primera mano -de ellos, de los que reciben- en que circunstancias están recibiendo su área, su Administración. Este

también es un trabajo para la Contraloría del Estado, porque a partir de hoy, nosotros podremos analizar -si es el caso- posibles inconsistencias”, expuso.

La contralora estatal ejerce su tercer periodo en el cargo, pues fue asignada al puesto desde el periodo del entonces gobernador Aristóteles Sandoval, siguió en esa posición con Enrique Alfaro y Pablo Lemus la ratificó para este nuevo sexenio.

En ese contexto, Teresa Brito dijo que las auditorías en proceso siguen adelante, sin pausa.

“Yo quiero aclarar una cosa, el transitar de una Administración a otra, no detiene las auditorías iniciadas en 2024. Esas auditorías siguen, todos los procesos siguen, los procedimientos de responsabilidad administrativa, las denuncias presentadas. No hay un corte, ni un inicio desde cero. La historia en sentido técnico continua”, dijo. 

La contralora del gobierno de Jalisco explicó que

ese organismo tiene autonomía de gestión y por ello, su trabajo es técnico y no le cuida las espaldas a ningún gobernador o ex gobernador.

En el gobierno de Enrique Alfaro, la Contraloría Estatal abrió 64 denuncias penales por casos de irregularidades de servidores públicos. Citó el caso de funcionarios del área de adquisiciones del Hospital Civil que fueron encarcelados.