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Hace una semana dos hombres armados asesinaron a Berta Cáceres, coordinadora del Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) en la comunidad La Esperanza ubicada al oeste de Tegucigalpa, Honduras. Durante el atentado hirieron en la cabeza al mexicano Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos Chiapas AC, ambientalista e integrante de redes internacionales contra la minería y la privatizción del agua. Se encontraba en aquel país para impartir un taller como fortalecimiento de luchas similares en la región. 

Las autoridades hondureñas colocaron a Gustavo Castro -víctima sobreviviente del atentado- como testigo protegido y ahora, por una alerta migratoria para impedir su salida, lo tienen detenido en la embajada. Las Fiscalías de Crímenes de Alto Impacto, de las Etnias y de Derechos Humanos de Honduras lo han llevado a la escena del crimen ya alterada para recrear una y otra vez lo que pasó sin atención postraumática, algunos días lo tuvieron en un hotel, lo han expuesto por carretera propiciando que los sicarios regresen a atacarlo, le muestran fotografías de integrantes del COPINH para incriminarlos, provocan careos y el gobierno mexicano, solamente, lo acompaña pero no le ha brindado mayores servicios consulares como su regreso a México o un abogado adecuado para representarlo. La Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras, señaló como responsable del asesinato de la Premio Goldman, a Desarrollos Energéticos que construye la hidroeléctrica Agua Zarca y Sinohydro de capital chino, aunque no se han integrado esas líneas en la investigación.

Berta Cáceres vivía permanentemente bajo amenaza con agresiones de particulares por la oposición a que trasnacionales explotaran los recursos naturales afectando comunidades con la construcción de megaproyectos. Se han asesinado a cinco integrantes del COPINH y ella tenía Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero la convirtieron en la quinceava defensora con protección internacional asesinada. Marcia Aguiluz integrante del Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEGIL), en rueda de prensa celebrada el miércoles en Tegucigalpa, recriminó lentitud de la Fiscalía de Honduras y retención innecesaria del mexicano Castro Soto.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) están notificadas desde el viernes 4 de marzo de la retención de Castro Soto sin que sea claro a diferencia de otros casos, el tipo de acción o servicio consular que está otorgando, para salvaguardar la integridad física del mexicano con alerta migratoria y si sus derechos están siendo vulnerados o no. La diputada federal Ernestina Godoy subió al pleno del Congreso de la Unión una petición a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El hermano de Gustavo Castro viajó a Honduras para acompañarlo, ingresó un recurso dirigido a la jueza que lleva el caso de Berta Cáceres para que se reconozca al mexicano como víctima y obtenga además de un trato adecuado su retorno al país. La Red Mexicana de Afectados por la Minería y la organización civil Otros Mundos Chiapas, con suma diplomacia evitaron en rueda de prensa describir la situación del defensor y agradecieron al gobierno mexicano sus diligencias. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el domingo 6 de marzo antes del anochecer, otorgó Medidas Cautelares a Gustavo Castro, pero en Honduras lo siguen reteniendo contra lo que ordena el artículo octavo y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre las garantías judiciales: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, si está inculpada tiene derecho a la presunción de inocencia y el recurso debe ser sencillo como rápido. En términos legales de ser necesaria la ampliación de declaración por el asesinato de Berta Cáceres, Gustavo Castro podría responder a la diligencia desde México.