Guadalajara, Jalisco. 

El Gobierno federal decidió en abril pasado, recortar en 75 por ciento las partidas 2000 y 3000 del presupuesto de egresos en todas las dependencias y organismos públicos desconcentrados; el efecto de esa medida ya ha llegado a las instancias ambientales, que de por sí arrastran una pérdida acumulada de 60 por ciento en los últimos cinco años. Particularmente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que depende de forma esencial de su capacidad operativa, podría verse obligada a cerrar oficinas y dejar de realizar funciones sustantivas en algunos de los sitios más valiosos que se conservan en México.

Al investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y miembro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Enrique Jardel Peláez, le preocupa el destino de los espacios de alta diversidad biológica que suman 90.8 millones de hectáreas, de las cuales, 21.9 millones de ha son terrestres y 69.5 millones de ha son marinas. En las áreas protegidas viven 1.5 millones de mexicanos.

“En el caso de las ANP podemos hacer la analogía de que antes del decreto de austeridad ya las tenían en terapia intensiva, con respirador, tras cinco años de recortes, y ahora se lo quitan; merma la capacidad de la Conanp, además del caso de otras dependencias como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), lo que va a hacer muy complejo lograr objetivos fundamentales”.

La Conanp tenía hasta el arranque de junio, mil 122 empleados. Alcanzó mil 497 en 2012. Desde entonces, el presupuesto del organismo se redujo 45 por ciento, previo al decreto de austeridad, mientras la superficie protegida aumentaba en 400 por ciento, pues el gobierno de Peña Neto decretó dos enormes reservas marinas tanto en el Pacífico como en el mar Caribe, con sus respectivos programas de manejo, pero sin un centavo para su gestión.

Cada guardaparque tiene a su cargo, en promedio, 889 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a cinco tantos el municipio de Guadalajara, y cuenta con 9 pesos por hectárea para vigilar y trabajar con las comunidades locales. 

Se puede hacer también una comparación con el presupuesto anual del Ayuntamiento de Guadalajara, que en  2020 es de 9 mil 772 millones de pesos: Guadalajara tiene un promedio de 520 mil pesos por cada una de sus 18 mil 790 hectáreas. De este modo, la relación es de 57 mil pesos urbanos por cada peso de las reservas ecológicas.

“El problema es que se tiene una muy convencional visión de la economía; no hay un reconocimiento cabal por parte de la sociedad, pero parece que tampoco de parte del gobierno; se piensa que las ANP´s son algo para conservar especies carismáticas y lugares de belleza escénica, y no se reconoce, uno, la importancia de los servicios ambientales de los ecosistemas, que a final de cuentas son la base de la existencia humana y contribuyen a la economía a través de recursos naturales, y dos, que mantienen actividades productiva y son áreas con población significativa, generalmente subestimada. Toda la sociedad depende, entonces, de su conservación, y en general, de todas las áreas silvestres”.

A la escasa inversión pública se agrega la paradoja del enorme valor económico de las áreas protegidas. Según la publicación “El valor de los bienes y servicios que las áreas naturales protegidas proveen a los mexicanos”, de The Nature Conservancy: “por cada peso del presupuesto federal  invertido en las áreas naturales protegidas, estas aportan a la economía cuando menos 56 pesos”. La Conanp tuvo su presupuesto mayor en 2016, con mil 521 millones de pesos. En 2020 arrancó con 825 millones de pesos. Pero la aplicación del decreto del 23 de abril podría llevar el presupuesto a 500 millones de pesos, con lo cual acumularía una pérdida de casi 70 por ciento en cinco años.