
Ciudad de México.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este jueves su desacuerdo con la propuesta discutida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para permitir la anulación de juicios concluidos, y recordó que el máximo tribunal no tiene facultades legislativas.
“Lo digo abiertamente. No estoy de acuerdo con eso. Lo que ya fue juzgado ya fue juzgado. Hay muchos temas que tiene pendiente la corte”, declaró la mandataria.
¿Qué ocurrió con la propuesta de la SCJN?
El miércoles, la SCJN discutió un proyecto presentado por la magistrada Loretta Ortiz Ahlf sobre la improcedencia de anular juicios concluidos, tema que provocó un fuerte choque entre ministros por su impacto en la cosa juzgada.
El proyecto abrió un debate al plantear que la acción para anular un juicio concluido es improcedente, incluso cuando existan indicios de un proceso fraudulento.
¿Cuál fue la postura de Sheinbaum sobre la propuesta?
Al respecto, Sheinbaum señaló que los ministros de la SCJN deben concentrarse en cosas más importantes y, aunque reconoció la autonomía del Tribunal, insistió en que el Ejecutivo no interfiere en sus decisiones.
“Obviamente ellos son autónomos y tienen (…) pueden decidir con autonomía. Nosotros no estamos interviniendo en las decisiones de la corte”, explicó.
La presidenta también criticó que el proyecto de la Corte incluya una actualización en los criterios para fijar compensaciones por daños patrimoniales derivados de muerte o incapacidad.
Recordó que las facultades del máximo tribunal están estrictamente delimitadas y que ellos no son encargados de legislar.
“La corte no legisla. ¿Qué resuelve la corte? Asuntos constitucionales o amparos (…) procede o no procede un amparo. Procede o no procede una sentencia”, dijo Sheinbaum.
Subrayó que el Tribunal no puede crear nuevas normas ni modificar leyes vigentes.
“Fue justamente uno de los grandes temas de debate con la corte anterior (…) ellos usaron la corte para legislar, pues la corte no legisla”, insistió.
- Finalmente, reiteró su llamado a respetar la separación de poderes y a que el Tribunal se concentre en resolver los “muchos temas pendientes”.
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