Guadalajara, Jalisco.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha decidido comenzar a hacer frente a los cambios de uso de suelo ilegales en los bosques del sur de Jalisco, donde se estima que se han desmontado umbrías de pino en más de diez mil hectáreas para establecer plantaciones de aguacate, el llamado ‘oro verde’ que genera una economía anual a la región de más de 150 millones de dólares, 10 mil empleos directos y 20 mil indirectos.
La destrucción del bosque es así el lado oscuro de este boyante sector económico, y aunque a las instancias de fomento del gobierno federal y el de Jalisco les preocupa el efecto de imagen y la eventual demanda de aguacateros de California o de otros países productores, por “dumping ambiental”, en el marco de los tratados de libre comercio que hoy permiten canalizar 40% de la producción mundial desde México a Estados Unidos, Lejano Oriente y Unión Europea , el efecto regional de perder ecosistemas nativos puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo.
Desde el pasado lunes 10 de julio, personal de oficinas centrales y la delegación Jalisco, y una veintena de miembros de la gendarmería ambiental de la Policía Federal, realizan un intenso operativo de inspección y clausura de predios boscosos que fueron ilegalmente transformados a huertas aguacateras. Desde 2011 no se otorgan autorizaciones de cambio de uso de suelo en Jalisco.
Se documentaron diversos casos donde las evidencias a través de fotografía vía satélite demuestran los cambios de uso de suelo, como se puede apreciar en estos ejemplos. Predios debidamente geoposicionados y referenciados a los permisos vigentes de aprovechamiento forestal, disfraz que permitió la transformación ilegal. Se ubican en los municipios de Gómez Farías, Mazamitla, Zapotlán el Grande, Tonila, San Gabriel, Tamazula de Gordiano, Atoyac, La Manzanilla de la Paz y Concepción de Buenos Aires.
El nombre científico del aguacate es Persea americana, domesticado en el México prehispánico y de alto valor nutricional. En Michoacán ya dejó una estela de destrucción desde hace dos décadas.
Jalisco, que ha incrementado su aportación nacional de 3 a 10% en seis años, tiene en sus bosques la segunda víctima de esa voracidad de corto plazo, con consecuencias apuntan a la permanencia.