Guadalajara, Jalisco.

La mayoría de los internos que se encuentran en los Centros de Readaptación Social están privados de su libertad sin que se les dicte una sentencia.

Lo peor es que algunos de ellos llevan en esa situación durante décadas. Pasan y pasan los años sin saber si son culpables o inocentes.

Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), hasta mayo de 2022 había 226 mil 646 internos en las cárceles federales y estatales que eran procesados por delitos como crimen organizado, homicidio, secuestro, violación y portación de arma de fuego.

Esta población se divide en 95% varones y 5% mujeres, y de ese total sólo 56% han recibido una sentencia.

El resto, casi 100 mil, se encuentra en espera de recibir una resolución por parte del Poder Judicial.

Los rangos de edad de quienes están privados de la libertad oscila los 18 y 44 años.

Ahí está el 80% de la población carcelaria. ¿Grave? Lo es. Ese es el rango de la población económicamente activa

Lo que significa un grave impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) de México.

Fotografía: Medios

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al final de 2021 ingresaron cuatro mil 250 personas a las prisiones que están en Jalisco. Eso puso a nuestro Estado en el quinto lugar de personas enviadas a prisión. Al mismo tiempo, cuatro mil 120 personas salieron de ellas.

El indicador para Jalisco fue el sitio 12.

Para explicarlo a detalle: hay muchas detenciones y procesos iniciados

pero no existe el derecho humano a una justicia pronta y expedita en el Poder Judicial.

Un derecho que, además, está consagrado en el Artículo 17 Constitucional.

Fotografía: AFP / Referencial

Antonio Pérez Juárez, director de Reinserción Social de Jalisco comentó al respecto:

"Por primera vez, estamos yendo con el respeto que nos merece, pero con energía, a pedirle al Poder Judicial del Estado de Jalisco que acelere el paso, que asuma el rol que le toca: jugar en el eslabón de justicia. Que no solo es la administración, hay un principio constitucional que dice justicia pronta y expedita. No basta una justicia tardada, es una justicia denegada. Entonces

no basta con que administren justicia: debe ser pronta debe y expedita".

Otra falla del modelo de prisiones que han advertido organismos internacionales, como la ONU, es que no hay condiciones para garantizar la readaptación social mediante el trabajo, la educación y la capacitación, debido a que invertir en esos espacios nunca ha sido prioridad para los gobiernos.

Fotografía referencial: EFE - Etienne Laurent

Según el Cuarto Informe de Gobierno de Enrique Alfaro, sólo 186 personas privadas de la libertad están inscritas en el bachillerato y 25 estudian una licenciatura.

“Tenemos apoyo de instituciones. Por ejemplo, del CODE. Es la primera generación de diplomados en arbitraje profesional de futbol, estos son oficios verdaderos que cuando tienen su libertad les va a permitir sobrevivir lícitamente y alejarse de la posibilidad (de volver a la cárcel)” expresó Antonio Pérez Juárez.

La realidad, dice el titular de Reinserción Social, es que

las cárceles no son vistas como un rubro en el que se deban invertir recursos, sino como un gasto que siempre será deseable reducir.

“Sí sería ético y honesto aclarar que la iniciativa privada, los sectores privados, inclusive los

públicos, se alejaron de la corresponsabilidad de la reinserción por lo mismo: que la institución penitenciaria en administraciones anteriores no aportó nada a reducir la criminalidad en el Estado, incrementó lo que llamaban la ‘escuela del crimen’, la reincidencia criminal y al ver tanta ineficacia y corrupción, los sectores protagonistas del desarrollo en el Estado, como los empresarios, los industriales, los comerciantes, se separaron”.

Fotografía: AFP

El año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a despresurizar las cárceles del país y se les diera una libertad anticipada a presos políticos, mayores de 75 años, enfermos crónicos mayores de 65 o que lleven sin sentencia más de 10 años por delitos menores.

¿Esa es la solución? El director de prisiones en Jalisco expone su opinión al respecto:

“Efectivamente, creo yo que 50% de la población que actualmente se encuentra en prisión

preventiva comulgando es sujeta de condiciones, no de prisión preventiva oficiosa, de condiciones de libertad anticipada porque han cumplido más del 80% de su pena, por ser buena conducta, porque no son delitos de alto impacto social y lo más importante: que tenemos personas que se van a ir. Nosotros no estamos pidiendo ni que haya complicidad ni que se exonere a nadie; estamos pidiendo que se cumpla la ley y la ley dice que, en cierta clase de delitos, después inclusive del 50%, ya deben de ser analizados para una libertad anticipada en Jalisco. La verdad es que no está sucediendo eso”.

En estas primeras dos entregas le hemos contado cuáles son las trabas para mejorar el sistema carcelario en Jalisco, pero hay algo muy importante en la agenda de pendientes: la justicia con perspectiva de género. Por eso lo invito a que no se pierda la tercera parte de este trabajo especial.

El especial completo aquí.