Guadalajara, Jalisco.

Esta mañana, la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua del Congreso de Jalisco, presentará la iniciativa para la creación de un organismo autónomo regulador, denominado Instituto de Gestión Integral del Agua de Jalisco, que deberá tomar la defensa de los derechos humanos en el tema de acceso y calidad del agua, una tarea que no cumple la Comisión Estatal del Agua.

De este modo, “se conforma el Instituto de Gestión del Agua de Jalisco como organismo constitucional autónomo cuya función sea promover y garantizar el pleno disfrute del derecho humano al agua y saneamiento, fungiendo como ente regulador en materia hídrica y organizado de la siguiente manera: […] siete comisionados, electos de manera escalonada, expertos en materia hídrica; contando como mínimo con título de posgrado en el área; debiendo además de contar con el reconocimiento de centros de investigación, o de universidades públicas o privadas, o en su defecto de colegio de profesionistas debidamente acreditados”, señala la iniciativa.

Los comisionados se elegirán por un “procedimiento mixto, en donde se realiza un examen por oposición en donde exista a su vez una evaluación integral de sus perfiles, a efecto que, los candidatos con mejor desempeño, sean electos por dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado”. Estarán en el cargo nueve años “improrrogables”.

El instituto deberá “expedir disposiciones administrativas de carácter general: es decir normatividad interna para hacer más eficiente y eficaz sus funciones; será órgano rector en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico en materia hídrica en el estado de Jalisco, estableciendo los mecanismos para la generación de herramientas de propiedad industrial que sean necesarias para garantizar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento; se contará con una agencia de investigación para poder investigar y sancionar irregularidades en materia hídrica, como sería el caso cuando las tarifas y demás políticas públicas no garantizan el derecho humano al agua”.

Además, se desempeñará “como defensor del derecho humano al agua y su saneamiento de los habitantes en Jalisco, estableciendo en su normatividad interna, los defensores gratuitos y accesibles a la población en caso que sus prerrogativas se vean vulneradas, teniendo facultades para dictar las medidas cautelares necesarias, para evitar que las acciones lesivas en materia de este derecho se lleven a cabo”.

También tendrá como tarea la “formulación, seguimiento y alineación de la gestión integral del agua en Jalisco con los indicadores correspondientes al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas denominado: Agua para Todos, así como de la agenda internacional de ONU-Habitat. Intercambio de experiencias exitosas y mejores prácticas de manejo nacionales e internacionales y liderazgo en la conformación de comunidades de aprendizaje. Definir los umbrales de mínimo vital que, de acuerdo con los criterios del derecho humano al agua, deberán tener los hogares como acceso en cantidad y calidad los habitantes de Jalisco”.

Otra tarea es la “consolidación estratégica de atención y seguimiento interinstitucional, con sólidos instrumentos de participación ciudadana, que garantice la implementación de las acciones al paso de las administraciones públicas y a la lógica propia de los tiempos políticos. Generar y mantener un marco de cooperación entre los organismos y actores del sector del agua en el Estado para lograr la transversalidad e integralidad de las políticas hídricas con un enfoque de equidad, derechos, mínimo vital y gestión integral y efectiva del recurso hídrico”, además de “monitorear y evaluar a través de la definición de objetivos estratégicos indicadores de desempeño, resultados e impacto, la efectividad y equidad del recurso hídrico en el estado, a través de los principios de efectividad, predictibilidad, simplicidad, justicia, equidad y consistencia”.