Guadalajara, Jalisco.

El 4 de octubre el Congreso del Estado aprobó la despenalización del aborto en Jalisco. Ninguna mujer que decida interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas, puede ser criminalizada.

Sin embargo, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser) advirtió que se requiere realizar un trabajo de socialización para que las mujeres y el personal de salud conozcan los lineamientos para que en los hospitales públicos se actúe conforme a las nuevas normas, afirmó Patricia Ortega, coordinadora de la Red.

Los hospitales públicos tienen la obligación de garantizar la atención médica a las mujeres, aún así doctores o enfermeras se asuman como “objetores de conciencia”, es decir, que no pueden involucrarse en la interrupción de un embarazo, por sus creencias religiosas.

“El hospital público si en un momento dado todo su personal se declarara objetor de conciencia, tendría que contratar personas que no lo sean.

Ese sería el perfil, tendrían que, desde que les contratan, que sean personas que puedan realizar los procedimientos, o sea que abiertamente desde que los contratan, se declaran no objetores. Eso es lo que tendría que suceder.

¿Qué es lo que pensábamos que pudiera haber estado pasando? que ante la incertidumbre legal, el personal de salud no quisiera arriesgarse a este estar cometiendo un delito. Entonces, por eso era que era más fácil decir ‘soy objetor de conciencia’ y entonces ya con eso me pongo a salvo”, explicó.

Patricia Ortega pidió la reversión de todos los procesos judiciales en curso relacionados con abortos y dijo que los que están abiertos relacionados con esta causal, deberían cesar conforme a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2021 y 2023.

Fotografía: Ignacio Pérez

“Esos procedimientos, denuncias, señalamientos, etcétera, ya no tendrían razón de ser. Tendrían que haberse eliminado. De hecho, ahorita lo que está pasando, a partir de esta sentencia, es que los Ministerios Públicos, cuando en un hospital denuncian a una chica que viene con un aborto en proceso o un aborto espontáneo.

Muchas veces en los hospitales se llamaba al Ministerio Público para que hiciera la investigación. Ahorita ya los Ministerios Públicos ni siquiera acuden a eso, porque no va a avanzar”, expuso.

• Sobre las impugnaciones legales que algunas organizaciones conservadoras han anunciado que presentarán, Patricia Ortega subrayó que el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos es primordial y ha sido respaldado por resoluciones desde 2009 en el país.