renocimiento familiares de policías fallecidos
Fotografía: CEDH Jalisco /Referencial
Guadalajara, Jalisco.

Fueron vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad, dos policías de Puerto Vallarta que abandonaron a su suerte a una mujer víctima de violencia intrafamiliar y no reportaron los hechos.

Los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, Martha Elena “N” y Eric “N”, atendieron el servicio de la agresión a una mujer de ese municipio en respuesta a un reporte al 911.

Quedó demostrado ante el Juez de Control y Oralidad de Puerto Vallarta, Osvaldo López Tapia, que llegaron al sitio, identificaron y advirtieron que el agresor era el cónyuge de la ofendida, y sin embargo, al final no ahondar en la investigación ni elaboraron el Informe Policial Homologado (IPH) que deben llenar cuando tienen conocimiento de un hecho probablemente delictivo, por lo que no quedó registro de lo ocurrido.

La víctima presentó una denuncia y el juez de Control Especializado en Violencia contra las Mujeres le dio vista a la Agencia Regional de Puerto Vallarta de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para que abriera una carpeta de investigación por el actuar de los elementos de seguridad pública.

El lunes pasado comenzó la audiencia inicial en los juzgados de Puerto Vallarta, en la que el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción formuló la imputación y pidió la vinculación a proceso, mientras que la defensa se acogió al término constitucional de 144 horas para presentar sus alegatos; sin embargo, el viernes, antes de que se cumpliera el término, solicitó que se desarrollara la audiencia.

El juez Osvaldo López Tapia resolvió vincular a proceso a Martha Elena “N” y Eric “N” por abuso de autoridad en la modalidad que establece el Artículo 144, fracciones III y IV, que señalan que un servidor público comete ese delito “cuando, indebidamente, retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de prestarles, o impida la presentación o el curso de una solicitud” y “cuando ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la del Estado”.

A los vinculados también se les dictaron medidas cautelares: Deberán presentarse cada mes a firmar y tienen prohibido salir de los estados de Jalisco y Nayarit, por encontrarse Puerto Vallarta en los límites de las dos entidades. Además, estableció que los policías tienen prohibido acercarse a la víctima y a su domicilio.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria vence en tres meses, contados a partir del 24 de septiembre.

Víctor Chávez Ogazón

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