Guadalajara, Jalisco.

El 5 de febrero arrancó la iniciativa del gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, para reformar la constitución del estado de Jalisco en su artículo 117 para permitir convocar a un congreso que genere una nueva constitución. Los expertos en derecho, reunidos en el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara, deliberaron sobre si es necesaria o posible una nueva constitución.

El maestro Gerardo Torres explicó que, desde lo jurídico, “no es ni siquiera posible” y que “uno de los principios de la constitución es que sea permanente.”; mencionó que desde lo político o fáctico “la constitución es un reflejo de los factores reales de poder. [...] quizá, como pacto entre poderes, sería posible una nueva constitución”; desde lo social, Torres también apuntó que “es posible que la comunidad tapatía no se sienta identificada [...] quizá no sea un reflejo de lo que queremos como estado y como país lo que tenemos en la constitución”. Sin embargo, el jurista remató que, desde la perspectiva jurídica, sería imposible reformarla y no se debería de hacer.

El doctor Jesús Ibarra hizo énfasis en que cambiar una constitución no es meramente un “asunto de redacción”. Opinó firmemente que una nueva constitución “no puede venir de arriba hacia abajo” ya que es un nuevo pacto social, y que en una nueva constitución “el fiel de la balanza no puede ser el gobierno”. Por eso, Ibarra dijo que para una nueva constitución es necesaria una “asamblea popular” representativa de la sociedad. Mencionó que para hacer una nueva constitución se tendrían que disolver o frenar los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo e incluso considerar que renuncien para ser reconstituidos después.

El maestro Héctor Salazar señaló que el gobierno actual tiene la decisión “en bandeja de plata” debido al proceso que se propone en la reforma al artículo 117 para formar la nueva constitución. Se desglosó el modo en el que se compondría un constituyente de 122 miembros: 38 diputados locales, 31 diputados federales, 3 senadores, 5 representantes del ejecutivo, 5 representantes del judicial y 2 ciudadanos de cada distrito seleccionados por elección popular. También comentó que la exposición de motivos en la iniciativa de reforma presentada por el ejecutivo dice que “el constituyente deberá considerar la más amplia participación ciudadana, garantizando la inclusión de los pueblos originarios y respetando la perspectiva de género”. Respecto a esta exposición, opinó que si se pretende cumplir con eso, entonces es necesario ir haciendo foros de consulta pública.

Ibarra mencionó que es necesario que “no nos pase lo que pasó en la Ciudad de México”, donde se generó un catálogo de derechos “basado en lo que querían que quedara, no en la garantía de esos nuevos derechos”. Es decir, que se instituyeron derechos que no se podían garantizar. El moderador, Pedro Elizalde, cerró indicando la importancia que tendría asegurar una “participación ciudadana en el proceso”.

Redacción: Andrés de la Peña