Santiago de Chile.

América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde ha aumentado la participación de las mujeres en actividades agrícolas en las últimas dos décadas, llegando actualmente al 36 % de la fuerza laboral, informó este martes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En el informe “La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios: Un enfoque regional para América Latina y el Caribe”, el organismo asegura, sin embargo, que este avance no se ha traducido en una disminución de las brechas de género.

El documento advierte que las mujeres rurales de la región siguen enfrentando barreras estructurales en el acceso a la tierra, los recursos productivos y la toma de decisiones y que sus trabajos son por lo general más irregulares y temporales.

Según FAO, cuya sede regional se encuentra en Chile, más de la mitad de los trabajadores en manufactura de alimentos (55 %) y comercio (52 %) son mujeres, mientras que su presencia en actividades más lucrativas como el transporte es baja (9 %).

“La evidencia que hoy compartimos debe ser un insumo clave para la toma de decisiones. Necesitamos políticas públicas transformadoras que promuevan el empoderamiento económico de las mujeres rurales en toda su diversidad, reconozcan sus múltiples roles en la producción, comercialización y el cuidado, y aseguren su acceso igualitario a recursos, servicios y participación”,

señaló Maya Takagi, Líder de Programa Regional de la FAO para América Latina y el Caribe en el lanzamiento del informe.

El organismo insta en el informe hacer cambios en los sistemas agroalimentarios con un enfoque de género transformador porque "el empoderamiento de las mujeres genera múltiples beneficios para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, dinamizar las economías rurales, promover el desarrollo sostenible y el bienestar de toda la sociedad".

• Entre las recomendaciones clave que plantea el informe se encuentran la promoción de reformas legales para garantizar la propiedad conjunta de tierras, el diseño de políticas, programas e inversiones con enfoques de género transformadores, y la mejora del acceso a tecnologías, capacitación y servicios financieros.