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Guadalajara, Jalisco.
Entre los castigos que recibieron menores de edad en anexos contra las adicciones para adultos, está mantenerlos de pie por dos días; los obligaban a estar despiertos toda la noche por quedarse dormidos en una guardia nocturna. Otra práctica era amarrarlos en el suelo con cobijas por media hora.
Aunque estas prácticas están relacionadas con la tortura, para la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco es una “violación de los derechos de la niñez, a la integridad y a la seguridad personal y a la legalidad y seguridad jurídica”.
Derechos Humanos advirtió que las delegadas de Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá y la encargada de despacho en Tlajomulco incurrieron en “abandono institucional”.
Entre noviembre de 2019 y marzo de 2021 fueron enviados al menos 92 mujeres y 27 hombres, es lo que pudo documentar Derechos Humanos.
De acuerdo con la recomendación 3/2024 las instituciones responsables en Jalisco de regular y supervisar los Centros Residenciales para el Tratamiento de Adicciones ni siquiera contaban con un padrón completo y actualizado de su operación en el estado.
- Eso impedía saber el número específico, el perfil, edades, sexo ni procesos de niñas, niños y adolescentes bajo el cuidado de esos establecimientos.
“En este caso se evidenció que las autoridades involucradas incurren indirectamente en la violación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes institucionalizados que habitan en CRTA, pues en esos lugares se perpetran sistemáticamente acciones y omisiones de maltratos de diversa naturaleza que se califican como actos de tortura”, se lee en la recomendación.
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