Guadalajara, Jalisco.

Delegadas de las procuradurías de atención a niñas y niños de San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, Guadalajara y Tlajomulco violaron derechos humanos de menores al remitirlos a Centros de Rehabilitación y Tratamiento de Adicciones para adultos que no están especializados en esa población.

Las Procuradurías ponían en alto riesgo a niñas y niños porque fueron detectados casos en los anexos, sin que menores tuvieran adicciones debido a la falta de espacios suficientes en albergues.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó una investigación junto con integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en la que concluyó que 300 centros registrados en el estado se comprobaron que ninguno estaba especializado en niñas y niños.

A pesar de eso, fueron localizados menores de edad en anexos para adultos en condiciones de maltrato e alimentación insuficiente.

Aunque apenas este 29 de febrero de este año la defensoría emitió la recomendación 3/2024, las investigaciones iniciaron en 2019 por eso se le atribuye a “administraciones anteriores”.

Derechos Humanos evidenció una grave deficiencia en la supervisión y vigilancia, del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ) y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL) porque servidores públicos afirmaban que sí hacían las revisiones, sin que hubiera una observación especial sobre infancias que estaban en los anexos.

• La recomendación va dirigida a las dependencias y municipios mencionados, además de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco y a la Fiscalía del Estado.