Guadalajara, Jalisco.

La construcción de grandes proyectos privatizadores del agua que implican un costo social y ambiental grande para las cuencas exportadoras, caso de la presa El Zapotillo, constituye una solución inaceptable que ya ha sido rebasada a nivel mundial, señala uno de los promotores de la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas, Pedro Moctezuma Barragán, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El académico sostiene que el proyecto de ley, que pretende quitarle a la Comisión Nacional del Agua y al famoso “cártel del agua” –integrado por empresarios e ingenieros consultores que dominan el ejercicio presupuestal y la toma de decisiones en el sector- el control del recurso, ya completó el mínimo de firmas, pero pretende entregarse fortalecido en el Congreso de la Unión para garantizar la “ciudadanización” efectiva de la gestión del recurso.

Trasvasar agua no es aceptable, y sólo beneficia a unos cuantos.

Los promotores de la nueva ley reconocen el entramado institucional y de poderes fácticos que ha propiciado los negocios del agua con la exclusión de la sociedad.

La propuesta ya cuenta con firmas suficientes, pero se pretende terminar de socializar para entregar a los diputados muy fortalecida y que reconozcan en ella la voz de la sociedad para que se retome el control del sector agua en Jalisco y México.