Guadalajara, Jalisco.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) culminó su primer operativo contra plantaciones ilegales de aguacate con seis clausuras de predios que suman 145 hectáreas en el sur de Jalisco, pero a los gremios de prestadores de servicios les parece que seis años de inacción en el tema propiciaron esa gran impunidad.

Así lo señaló el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, Ignacio Tovar Cortés.

A su juicio, incurrir en la “política del avestruz” de negar permisos de cambio de uso de suelo forestal a rajatabla, resultó peor. Aunado a la débil presencia institucional en los bosques, se disparó la ilegalidad.

¿Por qué los dueños de bosque se quieren hacer aguacateros? Porque las cuentas son claras, señaló.

El presidente del Colegio de Ingenieros Forestales espera que Profepa no suelte el tema, pero sin buscar chivos expiatorios, se trata de aplicar la ley.