Guadalajara, Jalisco.

Hacen un llamado a reactivar el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Jalisco, que tiene dos años en el limbo, pues la Secretaria General de Gobierno no ha emitido la convocatoria para integrarlo una vez que concluyó el primer periodo.

Así lo señaló el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, quien visitó la Defensoria de los Derechos Universitarios de la UdeG para presentar un informe sobre buenas prácticas para la investigación de delitos cometidos contra activistas y comunicadores.

"Cómo en todos los casos en que hay designaciones pendientes en distintas instituciones en México, hacemos el llamado a qué las autorices realicen las designaciones que están vacantes", explicó.

Pedro Gómez Limón, quien fue el primer presidente del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Jalisco, especificó que a nivel nacional Artículo 19 registró 561 agresiones a periodistas durante el último año y en el caso de Jalisco, el medio digital Zona Docs documentó 69 casos.

"Hacemos un llamado a las autoridades electas, para que el gobernador electo Pablo Lemus reactive al Mecanismo de Protección a Periodistas y su consejo consultivo y demuestre su compromiso con los defensores de derechos humanos y periodistas".

Anna Carolina Chimiak, co-coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, dijo que actualmente se encuentran apegados al Mecanismo Federal, 123 defensoras de derechos humanos y 16 periodistas. El 80 por ciento, mujeres.

La periodista de Canal 44 y NTR, Sonia Serrano, detalló que en Jalisco, el sexenio está por terminar, se caracterizó por diferentes agresiones a comunicadores locales. 

El Informe presentado con la anfitrionía del Defensor de Derechos Universitarios de la UdeG, Dante Haro Reyes, por la oficina del alto comisionado de la ONU presenta casos de éxito en los que el estado mexicano obtuvo sentencias por amenazas, homicidio o desaparición forzada contra activistas y periodistas.

Lo cuál demuestra que sí existe capacidades institucionales para lograrlo siempre y cuando concluyan acciones expeditas, recursos humanos, presupuesto y voluntad política.

• Peña Palacios explico que este informe de buenas prácticas es un insumo técnico para autoridades de investigación y tomadores de decisiones de política pública.