Fotografía: UdeG
Guadalajara, Jalisco.

En Jalisco, desde varios ángulos, las víctimas están abandonadas por la fiscalía de Justicia y por el propio presupuesto. Un estudio lo revela y lo confirma el propio titular del Poder Judicial, Daniel Espinoza Licon, quien asegura que en muchos procesos no hay sentencia porque los ofendidos y los testigos cambian sus versiones o nunca regresan.

México Evalúa destaca además que la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas recibe un pequeño presupuesto nada comparable con lo que lo que tienen destinado otras dependencias supuestamente encargadas de la persecución del crimen y de aplicar la justicia.

-Las asimetrías son importantes-

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Defensoría Pública son las instituciones que representan al imputado y a la víctima, partes centrales en el proceso penal; sin embargo, son los actores menos beneficiados a nivel presupuestal, lo que claramente obstaculiza el alcance de la igualdad procesal establecida en el marco constitucional.

  • Recibe 31 centavos por cada peso que recibe la Defensoría Pública.
  • Recibe sólo 6 centavos por cada peso que recibe la Fiscalía.
  • Recibe 51 centavos por cada peso que recibe la Secretaría de Seguridad Pública.

Al respecto da más detalles el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinoza Licon:

“La Fiscalía, una vez que decretaron la vinculación a proceso se olvida del proceso, se olvida y deja que este camine, pero no atendieron a la víctima o no atendieron al testigo. Muchos de los testigos, tenemos zonas donde la delincuencia organizada tiene una presencia muy importante como Lagos de Moreno, como Jilotlán de los Dolores, como Colotlán; en estos casos es recurrente que el testigo no vaya a declarar al juicio y ya no se le localice por ninguna parte. Cuando se ha logrado a través de la fuerza pública lograr la búsqueda del testigo de la víctima y llevarlo, estos se retractan de su declaración, cambian su primer versión y, estoy casi seguro que es por temor a la delincuencia organizada”.

A eso hay que sumarle además la cifra negra y por lo tanto un crecimiento potencial en el número de víctimas que no cuentan para la cifra oficial, es la voz de Enrique Bouchot, investigador del programa de Justicia de México Evalúa:

“En este sentido habría que analizar cuál ha sido el impacto de las medidas sanitarias y de los encierros en el desarrollo de esta dinámica delictiva, porque igualmente el robo disminuyó en un 30%; aunque se mantiene como el delito de mayor frecuencia. Igual el narcomenudeo mostró una reducción del 38.5% con respecto de 2019, en general se observa una tendencia a la disminución o estabilización de los fenómenos delictivos. Los delitos no denunciados, que es la cifra negra, en 2019 fueron el 91.2%”.

Hay escasez de policías, de agentes del Ministerio Público y también de representantes de los ofendidos y defensores de los acusados.

Por si fuera poco, ninguna institución implementa cabalmente un Servicio Profesional de Carrera, aunque el Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad Pública tienen elementos que pueden aprovecharse para cumplir con esa condición.

Víctor Chávez Ogazón

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