Bruselas, Bélgica. 

La Unión Europea preparó una lista de países más o menos sensibles en materia de deforestación -bajo riesgo para Estados Unidos, estándar para Brasil y alto para Rusia-, provocando críticas de ecologistas el martes.

Aún no publicada, esta lista forma parte del reglamento sobre deforestación que se aplicará a partir del 30 de diciembre de 2025, con el objetivo de prohibir la comercialización en Europa de productos procedentes de tierras deforestadas después del año 2020.

• Las normas de trazabilidad para las empresas importadoras, así como los controles, serán más o menos exigentes según la categoría de riesgo asignada a cada país.

Según varias fuentes europeas, los 27 Estados miembros validaron el lunes una lista que considera a todos los países europeos, así como a China y Estados Unidos, como países de bajo riesgo.

Por su parte Brasil e Indonesia serían considerados países de riesgo estándar. Y los países clasificados como de mayor riesgo serían:

• Rusia
• Bielorrusia
• Corea del Norte 
• Birmania, por razones políticas.

La ONG Global Witness lamentó este martes que Brasil no fuese clasificado como de alto riesgo, dado que "la crisis de la deforestación afecta a bosques esenciales para el clima en la Amazonía".

La eurodiputada ecologista francesa Marie Toussaint se declaró "sorprendida por la clasificación de Estados Unidos, Indonesia o Brasil". "Esperaremos a ver los criterios y si son objetivos", señaló la legisladora francesa.

Bruselas debe publicar esta lista en las próximas semanas.

La Unión Europea ya había aplazado un año —de finales de 2024 a finales de 2025— la entrada en vigor de esta ley, debido a presiones de Brasil, Estados Unidos e incluso Alemania.

Con esta normativa las empresas importadoras de productos como cacao, café, soja, aceite de palma o madera deberán demostrar la trazabilidad mediante datos de geolocalización proporcionados por los agricultores, complementados con imágenes satelitales.

Esta nueva reglamentación provoca una fuerte oposición de los sectores empresariales del agronegocio

y de numerosos países africanos, asiáticos y sudamericanos, preocupados por los costos adicionales que implicará para agricultores, ganaderos y explotadores forestales.