Guadalajara, Jalisco.

La noticia de un amparo favorable a un particular, para evitar que se le aplique en su predio, ubicado en El Bajío del Arenal, Zapopan, el decreto de zona de recuperación ambiental que emitió el gobierno de Jalisco el 3 de septiembre de 2019 sobre 980.9 hectáreas, tendiente a proteger la zona de recarga del acuífero metropolitano, genera voces de alarma entre expertos en derecho.

Aunque admiten que no está dada la última palabra en el tema, sino solamente para el quejoso que ganó el amparo indirecto 2289/2019-II en el Juzgado segundo de distrito en materias administrativa y del trabajo, en Zapopan, y confirmado en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Es decir, hay riesgo de que otros juicios se resuelvan en el mismo sentido. Si se confirman cinco, se genera jurisprudencia, y se pone en riesgo la vida del decreto.

“Le concedieron el amparo a una persona respecto a su predio, porque constitucionalmente no se cumplió con el derecho de audiencia. Esto es, no se le notificó para que acudiera a un procedimiento en el que pudiera dar sus argumento antes de que se emitiera el decreto”, dijo en una breve nota para Canal 44, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, responsable del tema. “Pero solo se afecta el decreto en su predio. El resto de la superficie del decreto sigue intacta. Esa resolución no nos quita la posibilidad de notificarlo para que presente por escrito sus argumentos y volver a emitir el decreto sobre su predio”.

No obstante, “el mismo riesgo lo tenemos en 48 juicios de los 80 que tenemos en trámite. Tenemos identificadas las superficies de esos 48”. Además, van 32 juicios con tendencia favorable para el Estado, de los cuales 16 ya están resueltos y ganados, asegura la dependencia.

El abogado Joseph Irwing Olid Aranda señala al respecto:

“En materia de amparo, opera un principio que se conocen como principio de relatividad de la sentencia […] el amparo nada más debe beneficiar a quien lo promueve, que en este caso sería yo”.

La abogada Patricia Moreno González, por su parte, señala que no necesariamente es una mala noticia, pues es de esperar que no todos los tribunales den más peso a lo administrativo sobre lo ambiental.

“Hay 75 juicios interpuestos por particulares en contra del decreto, por lo que existe un alto riesgo […] contradicción ante la suprema corte para que se emita un criterio uniforme”.

Los abogados reconocen que el derecho de las colectividades, como es el ambiente, son difusos, pero los juzgadores están obligados a considerarlo porque el bien común debe prevalecer sobre el particular.