Guadalajara, Jalisco.

La crisis de agua, por paradójico que suene, inunda a Jalisco. En el fondo, se trata de un grave problema de gestión, que el Estado mexicano se niega a reconocer en toda su amplitud: al pretender resolver la falta del recurso en las comunidades humanas y para los usos económicos con sólo obras de infraestructura, sin atender el ciclo que permite al agua llover, infiltrarse, fluir en manantiales hacia ríos o lagos, o bien, bajo el suelo, y luego irrigar valles y aportar a centros de población para evaporarse y regresar en la siguiente lluvia. Ni el estado, ni mucho menos el área metropolitana de Guadalajara, atienden la necesidad de recuperar ese flujo milenario, advierte el urbanista y activista social, Héctor Castañón.

Ese modelo se sostiene “porque su ecuación de demanda sin límites se ha convertido en un modelo de negocio. Un negocio en el que los costos no se asumen, como es el caso de las descargas sin tratamiento y afectaciones sin restauración, y en el que el valor se captura por intereses privados de manera formal e informal, como es el caso del mercado negro de las concesiones. Por eso se habla de un cártel del agua; porque el modelo genera grandes beneficios para un grupo muy pequeño, a costa de grandes afectaciones a comunidades en sus familias, sus hijos, sus tierras, su ganado y su propio cuerpo. Para estas comunidades el agua ya no es vida, sino fuente de enfermedad, empobrecimiento y muerte”.

El agua, así, “se ha convertido hoy en un problema de cantidad, calidad y precio para la gran mayoría de la población. Por eso, proyectos como la presa el Zapotillo más que una respuesta es una evidencia de que el modelo deficitario de reproduce dado que se enfoca a abastecer un mercado, generando afectaciones a la cuenca (trasvase), sin información completa de impactos (en agua subterránea y producción alimentaria) y en un esquema de concesión privada a perpetuidad”, añadió.

Y no importa el costo a pagar por la población: enfermedades crónicas y muertes, pésima calidad del líquido disponible, riesgo de inundación y deslaves por urbanizaciones descontroladas y cambios de uso de suelo que no consideran la pérdida de servicios ambientales, abatimiento de pozos y en consecuencia, del acuífero subterráneo, falta de agua para el desarrollo económico.

La crítica busca “diversificar los presupuestos, proyectos e iniciativas legislativas que atiendan a la complejidad del problema, misma que ha rebasado a las instituciones y reclama un abordaje distinto a partir de plataformas multisectoriales y mecanismos para la construcción de acuerdos basados en información y transparencia en torno a un programa de acciones de corto, mediano y largo plazo que resuelvan de forma integral los problemas de gestión del agua”, concluye.