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Guadalajara, Jalisco.

Los estados de  Jalisco y Puebla ocupan preocupantes primeros lugares para organismos civiles defensores de los derechos digitales por practicar el espionaje y hackeo de información, después de revelarse que el Gobierno de Jalisco adquirió por 448 mil euros, un paquete de herramientas y entrenamiento a la empresa italiana Hacking Team, desde 2014.

A un año de darse a conocer esto, los hallazgos de la adquisición ilegal, vuelven a generar debate por el uso que se la ha dado. Carlos Brito director de Incidencia de la Red de Defensores de los Derechos Digitales, explica las razones.

Estos y otros detalles fueron expuestos este lunes en la presentación del informe “Estado de Vigilancia, fuera de control”. Un reporte detallado de la legislación mexicana, casos de controversia constitucional en la Suprema Corte, el comportamiento de empresas que proveen servicios de telefonía y la actuación en apego o no de orden de judicial para espiar de entidades como la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Las personas han integrado el uso de los teléfonos digitales y aparatos como las tablets a la vida cotidiana, están conectadas todo el tiempo, lo que significa para gobiernos locales como el federal, un atractivo para acceder a los datos que cada aparato arroja sobre nosotros: gustos, hábitos, relaciones, compras, redes personales y espionaje.

El Estado mexicano está muy interesado en controlar la vigilancia que invade la intimidad, para Brito en sí saberse o sentirse espiado y más por las autoridades, es una vulnerabilidad a los derechos humanos.

Para la Red de Defensa de los Derechos Digitales la temática debe ser de interés común, por ello ponen íntegro el reporte “Estado de Vigilancia, fuera de control” en su página https://r3d.mx