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Fotografía: Milenio
Guadalajara, Jalisco.

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) defiende la inversión de 391 millones de pesos del fondo de los trabajadores para la construcción de la Ciudad Judicial Laboral. Afirma que le redituará 2.6 millones de pesos mensuales, y a un contrato de 20 años, donde obtendrá 624 millones de pesos en total. Sostiene, además, que es un negocio “de bajo riesgo”.

Reitera que fue aprobado por mayoría para aumentar sus activos y fortalecer y garantizar el patrimonio de las presentes pensiones de las y los trabajadores. Previamente, el director del Instituto dijo a este medio que se trataba de un “negocio redondo” para el Instituto.

El Ipejal afirma que la inversión es sobre un inmueble ubicado por la Avenida Tesistán que le pertenece al Instituto de Pensiones y que, al final, continuará siendo de su propiedad.

Mediante un comunicado de tres cuartillas, defiende que el espacio actualmente no tenía ningún uso y representaba gastos de entre 2 y 4 millones de pesos anuales, mientras que después de esta inversión le generará una cantidad a favor de 2.6 millones de pesos que irá aumentando año con año conforme al Índice Nacional de Precios.

También asegura que la aportación contempla una tasa interna de retorno de 16.74%, lo que implica que al final “recuperará 624 millones de pesos y genera más beneficios como una mayor plusvalía sobre el terreno de 56 mil metros cuadrados, dejar de costear los gastos de mantenimiento, la generación de flujos de efectivo, más recursos para pago de pensiones y servicios médicos, aumentar el patrimonio del Instituto y la posibilidad de desarrollar unidades de negocio como un estacionamiento, locales comerciales que serán propiedad del Ipejal y sobre los cuáles habrá ingresos extras”.

Hace dos semanas, el gobernador Enrique Alfaro denunció quebrantos en el Ipejal por más de dos mil millones de pesos. Hoy, se afirma que esta inversión no es de riesgo y que beneficiará a los trabajadores, pese a que tendrá un retorno de recursos proyectado a dos décadas.

Aunado a ello, el Instituto refiere que no es un préstamo al Gobierno del Estado, que la inversión será apegada a la ley del Instituto y sus políticas de inversión, garantiza que no se otorgará ningún comodato al Gobierno del Estado ni se permitirá el usufructo de la infraestructura a título gratuito y que “no hay riesgo de que se exceda el monto de la licitación debido a que se licitará el proyecto bajo el formato de precio alzado, con un monto fijo para la ejecución de la obra”.

Concluye que el contrato con el Gobierno del Estado es “de bajo riesgo” debido al largo historial de pago en tiempo y forma, y asegura que podrá cumplir sin duda alguna con la obligación de pagar 31.2 millones de pesos más IVA al año.

Víctor Chávez Ogazón

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