Ciudad de México, México

La Interpol emitió una ficha roja para localizar y detener al exgobernador del estado mexicano de Sonora (noroeste), Guillermo Padrés, del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y requerido por la justicia mexicana por defraudación fiscal y lavado de dinero. 

La ficha roja fue emitida la noche del viernes luego de que un juez federal girara una orden de aprehensión contra Padrés, cuyo paradero se desconoce desde hace dos semanas.

Su abogado, el exfiscal general Antonio Lozano, reconoció en declaraciones a Radio Fórmula que se ha emitido una orden de aprehensión contra Padrés, pero declinó hacer comentarios sobre el paradero de su defendido y advirtió que presentarán un amparo.

La ficha roja advierte que Padrés podría encontrarse en Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos o Europa.

Padres, de 47 años, fue gobernador del estado de Sonora en el periodo 2009-2015 durante el cual habría condonado impuestos a empresas de familiares y allegados, además de que en Holanda, según medios locales, tendría registrada una empresa que habría utilizado para beneficiarse con más de ocho millones de dólares.

Pero Lozano rechazó las acusaciones y denunció que se ha violado el debido proceso y la presunción de inocencia de Padrés.

"Ante un sistema que no respeta las más mínimas garantías o derechos humanos, es imposible comparecer. Sería prestarse a una maniobra simplemente política. Se va a presentar un amparo de fondo para demostrar que no hay delito ni de lavado de dinero ni delitos fiscales", sostuvo.

Esta semana, la Comisión Anticorrupción del PAN determinó suspender los derechos políticos de Padrés "como medida cautelar" mientras se determina su responsabilidad en las acusaciones que se le imputan.

Padrés estuvo en el centro de diversas controversias, entre ellas abuso de poder contra una empleada doméstica que fue a prisión, durante su gobierno en Sonora, próspero estado fronterizo con Estados Unidos y que ahora es gobernado por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El pasado miércoles, Javier Duarte, del (PRI) y uno de los políticos más impopulares de México, presentó sorpresivamente su renuncia a la gobernación del estado de Veracruz (este) para responder a acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Duarte, a quien le quedaban 48 días de gobierno, es investigado por la secretaría de Hacienda (Finanzas) por haber cerrado contratos por 3.300 millones de pesos (unos 174,24 millones de dólares) con una treintena de empresas presumiblemente ficticias, y por la fiscalía general por presunto enriquecimiento ilícito y peculado.