Fotografía: Mariana (@mariquigoglez)
Guadalajara, Jalisco.

Tras de que el pasado jueves, un grupo de vecinos de la colonia La Floresta del Colli, a quienes se les destruyeron sus viviendas, bloquearon los trabajos del Ayuntamiento de Zapopan, para prevenir inundaciones en el arroyo Seco, los manifestantes lograron que se realice una mesa de diálogo para atender sus demandas.

Un grupo de 75 familias perdieron sus casas y sus enseres domésticos el pasado 27 de abril, cuando policías municipales, estatales y la Guardia Nacional, los sacaron de sus viviendas sin aviso previo, por estar en una zona de riesgo junto al cauce del arroyo Seco.

Hoy los afectados exigen una explicación del trato que se les dio y piden la reubicación a un sitio seguro para vivir y que se les restituyan sus bienes, explicó Jesús Arturo López, representante de las familias.

“Nosotros lo que esperamos es la restitución de nuestra vivienda, la restitución de los daños y que sean acuerdos verdaderamente creativos, acuerdos para que nos restituyan todos nuestros derechos que nos denigraron”, explicó.

La mesa de diálogo de los colonos de La Floresta fue acordada con Javier Lechuga Millán, director de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, quien convocó al alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, así como a la delegada de la Secretaría del Bienestar, Katia Meave, al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, al delegado de la Procuraduría Agraria, César Yáñez, así como a representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) y de la delegación de la Secretaría de Gobernación, explicó el vecino Ricardo Rodríguez.

“Él (Javier Lechuga) propuso medidas para poder llegar a un acuerdo que nos convenga a todos los vecinos. Van a citar a diferentes dependencias para deslindar la responsabilidad a cada uno, porque estuvieron involucrados los tres niveles de gobierno y sobre eso vamos a tratar de encaminar un arreglo de todas las cosas”, indicó.

De las 75 familias, a ninguna se le han restituido los bienes muebles destruidos y tampoco a algunos que tenían utensilios de trabajo.

Ignacio Pérez Vega

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