Guadalajara, Jalisco.

A veinte metros del paso del Arroyo Seco en calle Cobre cruce con calle Rosa, en la colonia La Floresta, cuatro casas fueron demolidas por el ayuntamiento de Zapopan el miércoles 27 de abril, con abuso de poder y prepotencia.

En total fueron 20 familias desalojadas de sus casas, de las cuales algunas son migrantes purépechas.

En atención al oficio enviado por la Comisión Nacional del Agua donde invoca infinidad de artículos de la Ley de Aguas, pero no protocolos de desalojo y reubicación del derecho internacional que apela a los derechos humanos, Juan José Frangie como presidente de Zapopan, ejecutó la orden de “recuperar” terreno federal ante el riesgo de inundación en Lomas de la Primavera y La Floresta, por el temporal del lluvias.

Hace dos años el señor Arturo López Ramírez adquirió a Antonia Lazo Corona, ejidataria de Santa Ana Tepetitlán, el terrero a orillas del Arroyo Seco donde construyó su vivienda y un taller de carpintería.

Sin diálogo de por medio, aviso, notificación de desalojo y de forma violenta, 500 elementos de seguridad antimotines, le dieron 10 minutos para sacar sus propiedad. Después comenzaron a demoler.

Fotografía: Jade Ramírez.

Otras tres viviendas fueron demolidas al instante, en las calle llenas de polvo, sin banquetas, iluminación pública ni servicio de agua potable normalizada.

Al rededor de las calles Cobre y Rosa, hay más propiedad privada que se construyó tras comprar al ejido.

Todos los vecinos en La Floresta, 12 de diciembre, Lomas de la Primavera y una sección de Miramar, saben que ejidatarios de Santa Ana Tepetitlán han vendido terrenos de la propiedad social.

Arturo López exhibe documentos de la compra-venta.

Fotografía: Jade Ramírez.

Contra todos los protocolos establecidos por el derecho internacional en materia de vivienda y desalojos, la autoridad municipal de Zapopan, apoyada con al Secretaría General de Gobierno y la Comisión Nacional del Agua, desde el 27 de abril de 2022, dejaron en vulnerabilidad a 20 familias compuestas por adultos y niñez.

De oficio la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a la autoridad municipal de Zapopan, pero posterior a los hechos violentos del desalojo.

Hasta el momento no han facilitado que interpongan quejas los ciudadanos. La organización Techo se reunió con vecinos, Bienestar y Morena, el regidor Pedro Kumamoto y del PRI, pero en la realidad llevan cuatro noches durmiendo al intemperie, en casas de campaña y calculando los daños de material robado durante el desalojo que asciende a 100 mil pesos: patrimonio material y dignidad.

Arturo López y sus vecinos están a la busca de un abogado que les ayude a promover amparos ante juez federal.