Guadalajara, Jalisco.

Ni la Fiscalía de Zacatecas ni la de Jalisco han dado cumplimiento cabal a la recomendación 167/2023 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el pasado 31 de agosto del presente año, que determinó a 13 autoridades de ambos estados (5 de Jalisco y 8 de Zacatecas) como responsables de violar los derechos de la señora Natividad Guerrero Senado, quien desde el 2010 busca a su hija Dalia, a Luis, su pareja y a otras dos personas que desaparecieron entre los límites de Jalisco y Zacatecas.

Sólo por dimensionar una de las violaciones, desde el inicio las autoridades registraron el  caso de Natividad como una acta de hechos y no una denuncia, lo que significa que las autoridades no tienen cierta responsabilidad para que el ministerio público realice actos de investigación.

Situación que permaneció por años, es decir, no hubo búsqueda.

Fue en 2019 cuando el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo en Jalisco, en conjunto de la señora Natividad, metieron un amparo que se ganó el 4 de febrero de 2021. La sentencia de este amparo es la segunda que se da a nivel nacional, y Natividad describe la relevancia.

“Una, es por la creación de una comisión especial de búsqueda de las cuatro víctimas directas. La tendrá que crear la fiscalía general y participará en ellas Sedena y CNB y como observadores estará la ONU y la CNDH.

En esta comisión no habrá límite de búsqueda, ni límite de recursos humanos ni económicos. la otra es que se continúe con las investigaciones hasta dar con el paradero de mis desaparecidos”.

La creación de está Comisión Especial de Búsqueda se consolidó en febrero de este 2023. La abogada de CEPAD, Esther Merino detalló al respecto.

“La intención es que puedan realizarse planes de búsqueda. Que se realice un plan integral y estratégico para la búsqueda de Dalia y Luis. Una de las principales características de esta sentencia es que no se dé por cumplida la sentencia de amparo hasta no dar con el paradero de las víctimas directas”.

• También se denunció que desde el 2018 a la fecha no se ha movido el expediente y la investigación se archivó.