Guadalajara, Jalisco.

Un agente del Ministerio Público del área de desaparecidos en Jalisco atiende entre 370 y hasta 800 carpetas de investigación, advierte la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) que en una recomendación sobre la desaparición de 16 personas, 14 hombres y dos mujeres, concluyó que se violentaron los derechos humanos de las familias, al darse una deficiente investigación.

A pesar de que nuestro Estado reporta más de 16 mil 170 desaparecidos y tiene el primer lugar a nivel nacional, la carga de trabajo es impresionante y el personal es poco.

Es la voz del primer visitador Javier Perlasca Chávez:

“La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acreditó la deficiente actuación de las autoridades en el proceso de investigación del delito, la nula o poca acción de búsqueda efectiva y localización, la victimización secundaria, la intimidación y amenazas que han sufrido los familiares de 14 personas desaparecidas. Se documentó la desaparición de dos mujeres y de 12 varones. Solo 4 han sido localizadas lamentablemente sin vida. En cuatro quejas se estableció que participaron más de tres particulares, lo que indica organización en la ejecución del delito.Predomina el uso de armas y vehículos en virtud de ejecución”.

También se acreditó la posible participación de elementos de cuerpos policíacos en estos casos, lo explica Perlasca Chávez:

"Existió el señalamiento sobre la posible participación de servidores públicos de la policía estatal, municipal o de la fiscalía del Estado. Para esta Comisión la desaparición de las 14 personas constituye una multiplicidad de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Ministerio Público, de policías investigadores y el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que no cumplieron con los principios, procedimientos y protocolos que dictan los estándares legales. La inconformidad de las víctimas en contra del Ministerio Público, los agentes y personal de Ciencias Forenses, es el común denominador, pues denuncian diversas irregularidades que han impedido localizar a sus seres queridos y conocer la verdad histórica de los hechos. En todos los casos se observaron una serie de irregularidades que han impedido la localización de diez personas, así como la identidad y el paradero de algunos de los responsables de las desapariciones, así como la muerte de cuatro personas localizadas".

A esto hay que sumar la contradictoria política de la autoridad, que promete buscarlos y en cambio destina pocos recursos y poco personal para ello. Esto es lo que encontró la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Javier Perlasca explica:

“La Fiscalía especial en personas desaparecidas informó que en 2021 contaba con 14 agencias del Ministerio Público; una en investigación y tres más en protocolo Alba y 13 agencias en los distritos judiciales del interior, es decir 30 agencias que atienden a 11 mil 117 indagatorias, según las carpetas de investigación reportadas al 31 de diciembre del 2021. Por lo anterior se concluye que cada agente del Ministerio Público atiende en promedio 370 investigaciones, sin embargo el personal de la fiscalía especial que en el Distrito judicial 1 hay agentes que tienen 800 carpetas de investigación, mientras que en otros distritos judiciales hay personal que tiene asignadas hasta 500”.

Hoy por cierto, son más de 16 mil 170 carpetas de investigación.

Como en estos casos, en muchos, no hubo revisión de videocámaras, de las llamadas telefónicas, ubicaciones de los equipos celulares, entre otras omisiones.

Además de retraso en las indagatorias y en los interrogatorios a testigos.

Ante ello la Comisión de Derechos Humanos emitió la siguiente recomendación:

“Se emite la siguiente Recomendación: De atención conjunta al fiscal del Estado, a la fiscal especial de personas desaparecidas, al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como a las y los presidentes municipales de Chapala, El Salto, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan: Se les solicita que realicen las acciones necesarias para que se inscriba a la víctima directa y a sus familiares, en los registros nacional y estatal de víctimas, este último a cargo de la Comisión Ejecutiva estatal de atención de Víctimas, a fin de que tengan acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral”.

Además se está recomendando:

Que deben de ser intensas las investigaciones en las primeras 24 y hasta 72 horas, agotar todas las líneas de investigación, que los Ministerios Públicos garanticen el acceso de los familiares a las carpetas de investigación, se refuercen las acciones de identificación de personas fallecidas y se les de todo el apoyo a las familias para realizar el trámite de desaparición de persona.