Fotografía referencial: Cortesía
Guadalajara, Jalisco.

El caso del “halconazo” contra jóvenes y estudiantes que pretendían manifestarse en la fiscalía de Jalisco, para exigir la libertad de los detenidos injustamente en la manifestación del 4 de junio del 2020 por la muerte de Giovanni López, se diluyó; como ocurrió también con la aseveración de que 100 policías investigadores actuaron solos o la acusación del propio gobernador Enrique Alfaro de que la fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado.

Todo quedó en una simulación donde 11 agentes fueron imputados y no por desaparición forzada, sino por abuso de autoridad; sólo a cuatro se les vinculó a proceso y a dos años, únicamente uno de ellos recibió una sentencia de 3 meses de cárcel conmutable por una sanción económica. Nadie está en prisión.

En cambio, se quedó el miedo entre los afectados, que hoy desde el anonimato reclaman justicia y ven con frustración que esa promesa de la propia fiscalía y del Ejecutivo, fue un total engaño que aumentó su riesgo personal, puesto que durante la investigación los compañeros de los acusados les visitaron en sus casas y tuvieron acceso a sus datos personales.

Todo comenzó el 4 de junio del 2020, en los primeros meses de la pandemia, cuando se manifestaron en el centro de Guadalajara tanto familiares como amigos del joven Giovanni López, muerto por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos presuntamente durante el arresto por no portar cubrebocas.

La policía perdió el control y sujetos desconocidos incendiaron patrullas y causaron daños al interior de Palacio de Gobierno. Luego, al día siguiente, jóvenes estudiantes que se aprestaban a manifestarse en torno a la fiscalía por la detención injusta de compañeros ajenos a los hechos de palacio, literalmente fueron levantados antes de llegar a su destino, por agentes investigadores y “tirados” fuera de la zona metropolitana, bajo la advertencia de que si insistían en manifestarse los iban a desaparecer.

https://archivo.udgtv.com/noticias/ningun-acto-policia-protesta-fue-uso-excesivo-violencia-alfaro/

Esto es lo que explicó entonces el gobernador Enrique Alfaro:

“El legítimo derecho a manifestarse degeneró en actos violentos orquestados por grupos que llegaron a la entidad con la encomienda de convertir una protesta en un ataque directo a nuestras instituciones. En medio de este ambiente de tensión se dio un hecho injustificable por parte de policías ministeriales que actuaron por iniciativa propia y de manera inexplicable en contra de jóvenes jaliscienses que ejercían su derecho a manifestarse. Estos hechos pusieron en evidencia un modelo policiaco con problemas estructurales que lo hacían vulnerable y susceptible de fallos con consecuencias potencialmente desastrosas a un año de esos eventos y a raíz de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del informe especial emitido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hoy me gustaría hacer un corte de caja de frente a los Jaliscienses para conocer los avances en materia de impartición de justicia, de derechos humanos y de reforma policial que hemos emprendido”.

Pero ese ánimo de justicia y transformación policial se diluyó.

Cuatro policías quedaron vinculados a proceso por el caso Giovanni; pero en lo que respecta al “halconazo” del día siguiente, el 5 de junio del 2020, cuando policías investigadores privaron de la libertad a estudiantes que pretendían manifestarse en torno a la fiscalía de Jalisco, reinó la impunidad.

La carpeta de investigación en manos de la fiscalía anticorrupción concluyó que de la participación de 100 policías investigadores, la responsabilidad quedaba en 11 agentes y de éstos, sólo a cuatro pudieron imputarles el delito…..pero no por la privación ilegal de la libertad, sino por abuso de autoridad, con una sanción menor.

Recayó la responsabilidad de manera inicial en el subdirector de la policía investigadora o mejor conocido como J-2, otro de sus compañeros con la clave J-3 y tres comandantes, además de seis agentes operativos.

Siete ni siquiera llegaron a juicio, argumentando que sólo recibieron órdenes, y de los cuatro imputados, tres quedaron libres por amparo o resolución a favor e incluso uno de ellos, después de eso, fue reubicado al área administrativa y ascendido como encargado de la misma.

Con ello también se diluyó la aseveración de que la fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado y la investigación nunca alcanzó a los que dieron esas instrucciones ajenas a la autoridad, como lo aseveró entonces Enrique Alfaro:

“Y que cuando los policías que levantaron jóvenes de manera indebida siguiendo instrucciones ajenas a la de la autoridad estatal paguen también las consecuencias de sus actos. Esa historia no está terminada, pero hoy están ya detenidos los presuntos responsables en ambos casos y vamos a actuar hasta el fondo del asunto, vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias y Jalisco va a haber justicia, no será una historia más impunidad ese fue mi compromiso”.

Al final, solo uno de los agentes con la clave J-3 recibió una sentencia de 3 meses de prisión conmutable por multa económica y la advertencia de que no puede acercarse a ninguna de las víctimas.

Víctor Chávez Ogazón

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