Guadalajara, Jalisco.

Hace dos años, el Estado Mexicano y Jalisco recibieron la medida cautelar 07/2020 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante las afectaciones a la salud que los habitantes de Juanacatlán, El Salto y comunidades de Poncitlán como San Pedro Itzican, Mezcala y Chalpicote, padecen por la contaminación del Río Santiago.

Sin embargo, las autoridades sanitarias federales y estatales no han dado cumplimiento a esas medidas. Una de las más importantes tiene que ver con la realización de un estudio epidemiológico para cuantificar cómo avanza la enfermedad renal y la población mayormente afectada, y la segunda tiene que ver con la atención inmediata a las personas que ya la padecen.

“Yo creo que esto es lamentable, porque nos hubiera gustado ver una propuesta seria, consensuada con todas las comunidades afectadas de la zona y la representación legal de las medidas cautelares, para llegar a este consenso y que pudiera haber una sólida base de inicio de los estudios epidemiológicos y estudios de frontera de contaminación de salud”.

Recientemente, el Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Salud, anunció el pasado 9 de marzo a trabajar en el Registro Estatal de Enfermedad Renal; es decir, se tiene un atraso de más de 730 días.

Históricamente, los investigadores y activistas ambientales han denunciado el incremento de personas que padecen insuficiencia renal, enfermedad presuntamente derivada de la exposición a los contaminantes en el agua.

A la fecha no existe una base de datos que refleje cómo incremente está enfermedad, que es silenciosa y que, además, los profesionales de la salud no han logrado encontrar una causa; sin embargo, la Fundación Renal de México A.C. cuantifica que en México existen aproximadamente 150 mil personas con este padecimiento, de los cuales sólo la mitad tiene acceso a la salud pública; es decir, el resto de las personas muere a causa de no recibir una atención médica.

Y mientras el tiempo pasa, mientras las autoridades mexicanas y estatales se organizan, la contaminación del Río Santiago no perdona y entre las consecuencias de la ausencia de una estrategia están la crisis ambiental… y la muerte.

“En el corto plazo ya está impactando, ya hay enfermos, muertes, pérdida de ecosistemas. No hay vida en el Río Santiago, ya tiene un impacto tremendo lo que está ocurriendo ahorita. A largo plazo ¿Qué podemos esperar? A que se siga agravando esta situación. Si seguimos dando permisos de urbanización para parques industriales, para corredores, como si estuviéramos bien”.

Raquel Gutiérrez Nájera detalló que el pasado mes de marzo enviaron un informe a la CIDH donde notifican los nulos avances y compromiso por parte de las autoridades mexicanas de dar cumplimiento a las medidas cautelares. La última reunión sostenida con autoridades federales y estatales para hablar del tema fue en mayo de 2021.