Manaos, Brasil

Brasil y Colombia reforzarán la vigilancia fronteriza para evitar que disidentes de las FARC, que se niegan a entregar las armas, se unan a facciones criminales brasileñas, informó este martes el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas.

Villegas se reunió con su homólogo brasileño, Raúl Jungmann, y con miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y áreas de Inteligencia de ambos países en la ciudad amazónica de Manaus, en el norte de Brasil.

Los responsables de cada país compartirán información y coordinarán sus acciones para "desmantelar esas organizaciones e impedir que colaboren entre ellas para convertirse en amenazas transnacionales", afirmó Villegas tras el encuentro. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) firmaron en noviembre un acuerdo de paz con el gobierno en el que se comprometieron a desarmarse y regresar a la vida civil en un plazo de seis meses.

Pero un 5% de los guerrilleros no se acogerá al proceso de paz, según estimaciones del gobierno colombiano, y las autoridades temen que sean reclutados por bandas criminales que quieren ampliar su dominio del narcotráfico, tanto dentro de Colombia como en países vecinos. 

"Impedir la conexión entre ellos (los grupos criminales) es prioridad de las autoridades policiales, militares y políticas de nuestros países", aseguró Villegas. 

Colombia y Brasil movilizarán fuerzas especiales y agentes de inteligencia para evitar que los disidentes y sus armas caigan en manos de facciones organizadas como el Primer Comando de la Capital (PCC) de Sao Paulo (suroeste), el Comando Vermelho de Rio de Janeiro, y la Familia do Norte de Amazonas (norte), involucradas en las recientes masacres en presidios de Brasil. 

El Clan del Golfo, principal banda criminal de Colombia, ya está reclutando disidentes de la guerrilla FARC, según la fiscalía colombiana. 

"La paz de Colombia no puede ser motivo de preocupación para el vecindario", puntualizó Villegas. 

La alianza de grupos criminales locales con bandas de Colombia sumaría un problema extra para Brasil, que atraviesa una grave crisis en su sistema penitenciario.

El hacinamiento en las prisiones facilita que los grupos criminales ingresen armas, drogas y celulares y comanden desde allí sus operaciones, una olla de presión que estalló con fuerza a comienzos de 2017 cuando se desató un sangriento enfrentamiento entre dos facciones rivales que dejó cerca de 140 muertos, muchos de ellos decapitados.  

Después de la ola de violencia en tres grandes centros penales, el gobierno movilizó a las Fuerzas Armadas para rastrear objetos prohibidos en las cárceles y patrullar la ciudad de Natal (capital del estado de Rio Grande del Norte, noreste), donde se produjeron disturbios relacionados con la tensión en las prisiones.