Guadalajara, Jalisco.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) se opone a la recertificación obligatoria para los profesionales que cursaron una carrera en una universidad certificada.

Así quedó en claro en el foro de consulta sobre la Reforma a la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, realizado en el Congreso del Estado.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, quien convocó al foro, explicó que la Ley de Profesiones, como está ahora, obliga a que las cédulas profesionales se recertifiquen cada cinco años, con un pago de 500 pesos y quien no la obtenga tendría que pagar una multa.

Esa disposición se aprobó en 2017 para entrar en vigor en enero de 2023. Por ello, Enrique Velázquez quiere reformar la Ley para derogar esa obligación.

“Nosotros creemos que esto va en contra del derecho al trabajo, del artículo 5 constitucional y vamos a tener este foro para que los profesionistas, los colegios, las universidades, fijen una postura que permita a los diputados tener conocimiento de cómo se está reflejando este trabajo y buscar que avance la iniciativa que presenté”.

El coordinador académico de la UdeG, Carlos Iván Moreno Arellano, dijo que obligar a una recertificación viola la Constitución en su artículo quinto.

Aclaró que no está en contra de que un profesional se actualice, pero no se le puede obligar ni aplicarle una multa económica.

“Sí veo yo algunos riesgos en el sentido de lo que se denomina en la ley como una recertificación obligatoria, por varias razones: Uno, porque más se asemeja a un requisito burocrático, administrativo que de actualización académica; incluso hasta recaudatorio, porque esto evidentemente tendrá un costo. Eso nos parece que puede ser riesgoso y el segundo elemento, es que al hacer esta certificación obligatoria y de tener o no esa certificación, de eso depende el otorgamiento de una cédula”, precisó.

A su vez, María Elena González Ruiz, presidenta del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco, afirmó que ella está a favor de actualizar la cédula profesional cada cinco años, pero expresó que está en contra de las multas.

“Vengo aquí a defender mi postura a favor de la certificación, pero estoy en contra de las multas, que todo sea gratis, que no nos cobren, que sea obligatoria, pero que no te cobren un solo peso. Son 500 pesos lo que costaría la cédula, más lo que pudieran costar las multas. A mi lo que me preocupa son las multas, la multa que viene en la ley que son cerca de 30 mil pesos. Eso es lo que me preocupa”, indicó.

Los profesionales a quienes se les impediría ejercer su actividad si no se recertifican son los arquitectos, ingenieros civiles, contadores, abogados, médicos y psicólogos.