Con 80 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones los senadores de la República respaldaron las modificaciones  a la Ley General de Responsabilidades Administrativas propuestas por el presidente, Enrique Peña Nieto.

En lo general y lo particular, los senadores respaldaron los cambios a los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 esto, porque los senadores consideraron “innecesario” que los particulares presenten su declaración patrimonial y de intereses.

Los senadores consideran que permitir que los particulares rindan sus declaraciones ante las autoridades no es el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción en el país.

El Pleno acordó modificar el artículo 32, que eliminará el texto de este ordenamiento de obligación, que establece que cualquier persona física o  moral que reciba y ejerza recursos públicos debe presentar declaración de situación patrimonial y de intereses.

De no modificarse estos artículos, argumentaron los senadores, las personas beneficiadas con programas sociales, estudiantes con becas de entidades públicas o personas que prestan servicios a empresas con contrato público, tendrían que presentar una declaración también.

En la sesión extraordinaria que se realizó para la revisión de la Ley de Responsabilidades se subrayó que la obligación de presentar declaración vulnera la seguridad de las personas.

El Senador Pablo Escudero, en representación de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, afirmó que las modificaciones propuestas por Enrique Peña Nieto “no se exime, por ningún motivo, a la iniciativa privada, a los contratistas del gobierno, de la responsabilidad que tienen”

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el senador Alejandro Encinas Rodríguez llamó a realizar una legislación que establezca con claridad los elementos para combatir la corrupción, tanto de servidores públicos como de los que participan en la iniciativa privada.

El senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Armando Ríos Piter, afirmó que los planteamientos por del ejecutivo no son correctos, “porque el espíritu que animó a votar la reserva al artículo 32 es entender que la corrupción es un tango que se baila con dos partes”, un empresario y un servidor público. Agregó que es necesaria una ley de las responsabilidades penales de las personas morales.

El documento se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, indicó que la Mesa Directiva estará atenta de lo que resuelva la Cámara de Diputados.

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