Washington, Estados Unidos. 

Estados Unidos está cada vez más cerca de un cierre de Gobierno para el que no parece haber solución a la vista: los republicanos afines al expresidente Donald Trump (2017-2021) están en plena rebelión y se resisten a aceptar una solución a corto plazo que financie a las agencias federales más allá del 30 de septiembre, cuando se acaban los fondos disponibles.

Si la Administración pública se queda sin fondos, la mayoría de las agencias gubernamentales, museos y parques nacionales cerrarán sus puertas, mientras que cientos de miles de empleados federales se quedarán temporalmente sin trabajo y sin sueldo, lo que podría acabar teniendo un impacto en la economía.

La situación actualmente se encuentra en un punto muerto y la Casa Blanca ya ha pedido a las agencias federales que hagan los preparativos necesarios para echar el cierre.

• Todas las miradas se centran en el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, quien ha intentado persuadir al ala más radical de su partido para aprobar una resolución que financie el Gobierno a corto plazo y evite que se quede sin fondos a partir del 30 de septiembre, cuando comienza el nuevo año fiscal.

Sin embargo, los republicanos afines a Trump unidos bajo el paraguas del "Freedom Caucus" (El Caucus de la Libertad) se han opuesto.

Su objetivo es deshacer un acuerdo al que llegaron en junio el presidente, Joe Biden, y McCarthy, mediante el cual el Congreso suspendió el límite de endeudamiento de Estados Unidos a cambio de que la Casa Blanca aceptara límites específicos en el gasto gubernamental.

Al "Freedom Caucus" no le gustó ese pacto y quieren más recortes. En concreto, buscan establecer un límite de gasto público de 1,47 billones de dólares para el año fiscal 2024, lo que supone 120.000 millones de dólares más en recortes de lo acordado.

A pesar de su resistencia inicial, McCarthy ha tenido que dar su brazo a torcer y el martes la Cámara Baja, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría, comenzará a debatir una docena de proyectos de ley destinados a financiar el Gobierno y que incluyen recortes a varios programas.