Miami, Estados Unidos 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la sentencia dictada este jueves contra el periódico Vanguardia de Saltillo al considerar que sienta un precedente jurídico regresivo para la libertad de prensa en México.

El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Octavo Circuito de Coahuila rechazó el amparo de Grupo Vanguardia contra la resolución de 2024 del Tribunal Superior de Justicia que desestimó su apelación en un caso por una supuesta deuda mercantil.

Según Vanguardia, el expediente se tramitó con una celeridad inusual y con criterios jurídicos insuficientes, validando un adeudo "inferido" sin contar con un título ejecutivo con los requisitos que marca la ley.

Abogados consultados calificaron como "extraordinario" que una apelación compleja se resolviera en apenas 72 horas, cuando casos similares suelen tardar entre hasta 45 días.

Si bien los efectos puntuales no están claros, el medio fue condenado a pagar una indemnización cuyo monto aún no fue determinado.

Se trata de una decisión de última instancia, según indicaron desde Vanguardia.

La empresa sostiene que este litigio es consecuencia de una campaña sistemática de hostigamiento legal y persecución personal iniciada en 2016 por el exgobernador Humberto Moreira Valdés, tras la cobertura del diario sobre su detención en España por presuntos delitos financieros.

"El uso de procesos judiciales como instrumento de presión contra medios independientes constituye una forma de censura indirecta que erosiona la democracia", subrayó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.

• Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, subrayó que respetan las instituciones judiciales, pero no pueden pasar por alto cuando sus decisiones afectan derechos fundamentales consagrados en la Constitución mexicana.

"Esta sentencia no solo pone en riesgo la estabilidad económica de un medio, sino que priva a sus audiencias del acceso a información de interés público", agregó.

La SIP reiteró su llamado a las autoridades mexicanas para que garanticen que las disputas judiciales contra medios se tramiten con apego a las garantías del debido proceso, sin influencias indebidas ni motivaciones políticas, y advirtió de que seguirá observando de cerca la evolución del caso y sus implicaciones para la prensa mexicana.