Guadalajara, Jalisco.
Cuando la coreógrafa Helen Hoth en su escuela de baile presentó por primera vez bailarinas con tutú, las “buenas conciencias” se escandalizaron y fue requerida por el arzobispado: la criticaron y ordenaron que no exhibiera mujeres “semidesnudas”.
Ese episodio en el año 2022 podría resultar una comedia o un meme, pero está documentado en el libro que coordina la historiadora de la Universidad de Guadalajara, Elisa Cárdenas Ayala.
Guadalajara rebelde: presente y pasado, es una invocación de la memoria colectiva sobre la insumisión de esta ciudad y una necesidad de reubicar las políticas represivas y conservadoras que se han encargado de sostener que la ciudad es pacífica y no tiene deseos de protesta.
“Las jornadas altermundistas que también fueron salvajemente reprimidas en esta ciudad, nuevamente tratando de decir que los perturbadores del orden venían de fuera y está de detrás un concepto de orden que se asemeja demasiado a la inmovilidad de las personas a la sumisión frente al mangoneo”.
Pero la inconformidad siempre existe y las formas en que los políticos reprimen es, para la académica, una forma de desprecio por la memoria y el reclamo de justicia.
Y justo la protesta y disidencia social en Jalisco se ha incrementado por múltiples razones: reclamos al gobierno, violaciones a los derechos humanos, violencia y daños ambientales.
En el reportaje especial Expreso, luego existo, en 2012, le contaba que la iniciativa de la fracción de Acción Nacional en el Congreso del Estado por regular las marchas y protestas, además de constituir una represión legalizada, era una amenaza a la libertad de disentir y asociarse, como lo especifica la constitución mexicana.
Aunque aquello quedó en la gaveta de legisladores de la derecha más retrógrada en el estado, las represalias directas y la forma de sofocar manifestaciones legítimas se activan como protocolo de actuación muy coordinado y desigual.
En julio de 2021, diez mujeres, entre ellas una madre lactando y porteando a su bebé, además de dos menores de edad, arribaron a las oficinas de la Secretaría de Educación Jalisco para protestar por la opacidad con que la dependencia no resolvía el acoso y abuso sexual de la niña Camila, en una escuela pública.
Colectivos feministas exigen liberar de cargos a las mujeres que fueron detenidas tras la protesta del viernes en la @SecEducacionJal.
Informa: @preguntalearox pic.twitter.com/s7evIok26h
— Canal 44 (@CANAL44TV) July 12, 2021
Al lugar llegaron, elementos de las “Ateneas”, un eufemismo que pondera la mal llamada perspectiva de género en la seguridad pública. Aplicaron fuerza excesiva para detenerlas y pudieron salir de la Fiscalía tras pagar una fianza que se juntó con donaciones y aportaciones civiles.
Un año después, los cargos penales que la Fiscalía del Estado de Jalisco estableció junto con la Secretaria de Educación Jalisco no se han retirado.
Las feministas de bloques asumidos como radicales, aún tienen cargos y deben 195 mil pesos por daños a las cosas. ¿El caso del abuso sexual a una niña? Irresuelto.
“Exigimos que el grupo de la Secretaría de Seguridad Pública, llamada Ateneas, asista a la atención y prevención de la violencia a las activistas y luchadores sociales, con protocolos rigurosamente establecidos que garanticen la libre manifestación y no se repitan actos represivos; actuando siempre con estrategias para aminorar la tensión y basándose en el diálogo de ambas partes”.
Que el protocolo ante la protesta social sea tipificarla sí o sí como violencia, lejos de aminorar la inconformidad, se eleva el reclamo, sobre todo si transcurre un año y, como consultamos al secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, ese episodio no está resuelto porque la Secretaría de Administración coloca a las víctimas de represión aún como delincuencia.
Elisa Cárdenas explica que la rebeldía en las mujeres, y específicamente del movimiento feminista, representan una alta amenaza para el gobernante y este manifiesta desprecio por una articulación popular.
“En el tema del feminismo, que no solo es un tema de clase, sino de dominio, que no está solo en el gobierno, sino que atraviesa la ciudad el dominio machista y frente al cual las mujeres nos subordinamos en distintos espacios; es una forma de rebelión que da en distintos espacios de lo social”.
Las movilizaciones en el centro de Guadalajara dirigidas al gobernador Enrique Alfaro, marcan su administración como la de las manifestaciones, pues si en 2006 se registraron alrededor de 100 marchas por año, para cuando inició el gobierno actual, la inconformidad social y represión, por consiguiente, se disparó a 250 manifestaciones por año.
En el siguiente capítulo de Reprimir la protesta: el sello de Jalisco. Capítulo tres: Intolerancia a las disidencias.