Pruebas en poder de Canal 44 confirman que el ex secretario general del Congreso del Estado, Octavio Pérez Pozos, conoció del caso López Castro; reconoció el adeudo y motivó el pago de 575 mil pesos como anticipo del supuesto trabajo que la firma realizó, de presuntamente revisar las erogaciones realizadas por el Congreso del Estado de Jalisco en relación con las retenciones del Impuesto sobre Productos del Trabajo.
Uno de los escritos firmado por él como Secretario General del Congreso del Estado suplente, en lo que denominó “delegación especial” y en ausencia del secretario general titular, Alfredo Argüelles Basave, hace constar que el 20 de enero del 2010 se recibieron las últimas dos facturas para su pago.
Hace un desglose y confirma que la factura 701 fue pagada con fecha 29 de septiembre del 2009 y asienta que es por el concepto de la revisión del ejercicio 2006, por los 575 mil pesos. (IMAGEN FACTURA)
Pero además reconoce que están sin pagar las siguientes facturas: (Documento 2: Desglose)
| Número de Factura | Concepto | Monto |
| 711 | Por el ejercicio complementario 2006 | 5 millones 200 mil 325 pesos |
| 723 | Por el ejercicio complementario 2007 | 7 millones 131 mil 56 pesos |
| 742 | Por el ejercicio 2008 | 14 millones 51 mil 558 pesos |
| 749 | Por el ejercicio Enero-Noviembre 2009 | 5 millones 573 mil 614 pesos |
| 755 | Diciembre de 2009 | 3 millones 359 mil 832 |
| 765 | Compensación IVA | 277 mil 883 pesos |
| 766 | Compensación 2007, 2009 y 2009 | 6 millones 792 mil 253 pesos |
Todo por un total de 42 millones 386 mil 521 pesos.
Este documento se encuentra firmado por Luis Octavio Pérez Pozos como secretario general del Congreso del Estado de Jalisco.
Como Señal Informativa lo informó: Octavio Pérez Pozos negó al ser detenido, ser responsable del fraude y dijo que los únicos responsables eran los diputados. En todos estos documentos aparece su firma (Documento 3: FIRMA)
Luis Octavio Pérez Pozos fue detenido el lunes pasado mientras daba una rueda de prensa en céntrico hotel y actualmente se le procesa por el delito de Enriquecimiento Ilícito por un monto cercano a los 600 mil pesos, según lo dio a conocer en su momento el fiscal general.
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