Guadalajara, Jalisco.

Sí hay suficientes elementos como para rescindir los contratos que tiene CAABSA con los ayuntamientos, porque desde septiembre de 2021 se viola la Norma Oficial 083.

Incluso hay posibilidades para que defensores de derechos humanos establezcan un litigio contra la empresa para que se haga cargo de los daños históricos causados al ambiente y a la salud pública.

Pero, de acuerdo con la investigación "La basura en Guadalajara: entre la concesión y la contaminación" por Alejandro Mendo, Eduardo Santana y Gerardo Bernache, lo más relevante es la figura preponderante de la empresa concesionaria CAABSA que es apoyada por la oficina del Gobernador del Estado.

A esto se suma el proceder débil y complaciente de los ayuntamientos.

“El mantener la concesión a esta empresa es una anomalía que parece responder a otros intereses que no son los del bienestar de la ciudadanía”, se lee en el texto.

Según la investigación, CAABSA ejerce un control importante en las políticas públicas sobre manejo de residuos con este modelo: a mayor producción de basura, mayores ganancias.

Además, no es trivial que los últimos cuatro gobernadores de Jalisco, Ramírez Acuña, González Márquez, Sandoval Díaz y Enrique Alfaro, respaldaron a CAABSA con contratos cuando fueron presidentes municipales de Guadalajara; al llegar al gobierno estatal, continuaron defendiendo a la empresa y sus concesiones, de acuerdo con el recuento que hicieron los académicos.

• Por ejemplo, en 2021, la alianza entre CAABSA y el gobierno estatal quedó evidenciada al facilitar el cierre del relleno Los Laureles, que libró a la empresa de responsabilidades económicas. También se ejerció presión a Tonalá y Tlajomulco para no rescindir contratos y permitir que CAABSA utilizara de manera irregular las estaciones de transferencia como tiraderos. Además, se intentó adjudicar sin licitación un contrato para un Centro Integral de Economía Circular en Tala, a pesar del historial de irregularidades de la empresa.

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