Guadalajara, Jalisco.

De 2014 a la fecha han sido desarmadas 21 comisarías de los 125 municipios de Jalisco y tres de ellas se encuentran en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), lo que prácticamente corresponde a una de cada seis en la Entidad.

Ese es el nivel de intervención que ha tenido el Gobierno del Estado ante la presunción de que hay vínculos entre los oficiales municipales y el crimen organizado.

La fiscalización de Jalisco en 21 corporaciones, y la persistencia de señalamientos a policías por cometer delitos, evidencia que esa estrategia del Estado, la cual inició desde la administración pasada, no ha logrado resultados positivos.

Por ejemplo, Cocula y Casimiro Castillo fueron las primeras localidades que dejaron la seguridad pública en manos del Ejecutivo estatal en tanto se investigaba a sus oficiales. Esto ocurrió en 2014, y siete años después, Mezquitic se convirtió en la última dependencia municipal que ha sido intervenida.

¿Qué tienen en común? En los tres casos, sus comisarios estuvieron involucrados en desapariciones y fueron señalados por permitir la operación de grupos criminales.

Abusos de poder

En 2014, el entonces gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, aseguró que decidió iniciar las intervenciones tras hacer un análisis de información, pues se tenían reportes sobre presuntos abusos de poder, excesos en el uso de la fuerza policial y la sospecha de “comportamiento inadecuado” de parte de los cuerpos policiales.

Durante la administración anterior, la Fiscalía General del Estado intervino 14 policías municipales: más de 10% del total en la Entidad. Entre ellas, dos de la Zona Metropolitana de Guadalajara: Tlaquepaque, con un alto índice de homicidios, y Tlajomulco, un municipio recurrente en el hallazgo de fosas clandestinas y recuperación de cuerpos que permanecen en las gavetas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en espera de identificación y entrega a sus familiares.

La mañana del 11 de marzo de 2018, la actividad en la Comisaría de San Pedro Tlaquepaque dejó de ser habitual, pues la tercera corporación más grande en la ciudad fue desarmada por orden del gobernador Aristóteles Sandoval, quien informó, a través de su cuenta de Twitter, que dicha acción obedecía a una “medida de seguridad”, luego de documentarse la infiltración del crimen organizado.

Aristóteles Sandoval, @AristotelesSD:

“En una acción coordinada con el Ejército Mexicano, la @PoliciaFedMx, @PGR_mx y @FiscaliaJal, hoy a las 7:30 a.m intervenimos la Policía Municipal de Tlaquepaque con la finalidad de reevaluar a sus elementos, ante la sospecha de posibles infiltraciones del crimen organizado”.

En 11 de esas corporaciones policiales desarmadas, se detuvo a medio centenar de elementos, quienes fueron señalados de operar organizaciones delictivas o haber cometido algún delito, pero no se informó sobre los cargos o sanciones que éstos recibieron a la distancia.

El caso Tecalitlán

Uno de los casos con mayor impacto, incluso a escala internacional, sucedió en Tecalitlán. Cuatro de sus policías fueron acusados de haber participado en la desaparición forzada de tres ciudadanos italianos, quienes habrían sido entregados al grupo delictivo que opera en esa zona.

Desde diciembre de 2018, se desconoce el paradero de Raffaele Russo, de 60 años de edad; su hijo Antonio, de 25, y su sobrino Vicenzo Cimmino, de 29 años. Todos, originarios de Nápoles, Italia. En abril pasado, los oficiales fueron sentenciados a 50 años en prisión.

Videovigilancia del crimen organizado

Otro tema que causó alarma entre las autoridades fue la localización de un centro de vigilancia alterno, operado por particulares, y que no formaba parte de la Policía de San Juan de los Lagos, la cual también fue intervenida en febrero de 2020.

De este caso se informó que el comisario municipal no aprobó los exámenes de control de confianza. Además, se localizaron porciones de droga en su escritorio.

Uno tras otro, los casos de omisiones, abuso policial y hasta ligas con el crimen organizado han marcado la historia reciente de Jalisco. Y todo lo anterior ocurrió mientras se aplicaban las pruebas de control de confianza en el Estado. ¿Cuál ha sido el resultado de éstas? Lo invito a la segunda entrega de este reportaje especial: Una guerra perdida contra la inseguridad en Jalisco.

Lee aquí el especial completo:

Una guerra perdida contra la inseguridad en Jalisco