Guadalajara, Jalisco.
Este jueves 10 de noviembre se cumple el primer aniversario de los “Acuerdos de Temacapulín”, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a
">no inundar los tres poblados cercanos a la presa El Zapotillo y a dotar de agua al Área Metropolitana de Guadalajara, del río Verde.Derivado de ese acuerdo se anunció el Plan de Reacondicionamiento Técnico de la Presa El Zapotillo, para que la cortina de la presa quede a una altura de 40 metros y que cuente con vertederos. Esos trabajos avanzan de acuerdo a lo programado, explicaron en una rueda de prensa realizada en la plaza de la Liberación, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo AC, así como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y otros colectivos.
María González Valencia, directora del IMDEC, explicó que la parte que avanza con lentitud es la relativa al Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños.
“En relación al Plan de Justicia ahí los trabajos han ido lentos. Entonces, la demanda principal al gobierno federal es que destine presupuesto para 2023, de manera urgente y que también
Diseñe políticas adecuadas para el cumplimiento de estos 15 puntos del Plan de Justicia
Es decir, que no basta que las secretarías lleguen al territorio con programas que ya tiene el gobierno, sino que se requieren diseños especiales para que se cumplan estos 15 puntos del Plan de Reparación de Daños”, explicó.
Las dependencias que no han hecho lo que les corresponde para hacer realidad el derecho a la salud y a la educación, son precisamente las secretarías de Salud y de Educación, así como la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, los habitantes de los tres pueblos de los Altos y los colectivos le exigen que 70 viviendas y propiedades que fueron vendidas por los propietarios a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y a la Secretaría General de Gobierno, sean donadas a la comunidad, ya que el gobierno estatal quiere venderlas a la federación, cuando ese no fue el acuerdo.
“Todas las propiedades que fueron vendidas, deben regresar a las comunidades.
En orden de prioridad van a ser utilizadas para obra pública y obra comunitaria. Como segunda prioridad, las comunidades quieren que estas propiedades, las puedan adquirir la gente de las propias localidades a través de programas sociales”, indicó.
La localidad de Palmarejo quiere repoblarse, ya que las 200 familias que ahí vivían, fueron desplazadas para construir la presa.
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