El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, envió este jueves al Congreso dos nuevos proyectos de ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada y la tortura en el país, fenómenos que se exacerbaron a raíz del combate al crimen organizado y que han sido denunciados por la ONU.

Los proyectos buscan "acabar con estos flagelos que atentan contra la dignidad humana y nos agravian como sociedad", dijo el mandatario durante un acto en la residencia oficial de Los Pinos.

De ser aprobadas por el Congreso, "por primera vez se definirán a nivel nacional con claridad y precisión las competencias y las formas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno" en materia de desaparición forzada y tortura, explicó.

Ya en junio, el Congreso había aprobado la tipificación del delito de desaparición forzada, luego de que un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que el delito fuera reconocido y castigado por la ley mexicana.

Las iniciativas del Ejecutivo proponen crear un sistema nacional de búsqueda que asegure la movilización de las autoridades durante las primeras horas que siguen a un reporte de desaparición.

También contemplan un registro nacional de desaparecidos con información actualizada de hospitales, centros de detención y servicios médico-forenses, así como la implementación de nuevas tecnologías forenses para facilitar la identificación de personas desaparecidas.

En cuanto a la tortura, el Ejecutivo propuso crear unidades especializadas de investigación a nivel federal y estatal, una red de defensores de derechos humanos que vigilen la aplicación de prácticas con estándares internacionales y un registro nacional de casos de tortura alimentado por las fiscalías.

"Estas iniciativas fueron enriquecidas por las valiosas aportaciones de organismos internacionales como el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja", dijo Peña Nieto.

México, un país donde el combate militar contra el crimen organizado originó una ola de violencia que ha dejado más de 25.000 desaparecidos y de 80.000 muertos desde 2006, emprendió en abril una contienda pública contra un relator especial sobre tortura de la ONU que dijo que esa práctica era "generalizada" entre las autoridades del país.

Organizaciones internacionales como Human Rigths Watch o Amnistía Internacional también han pedido al gobierno mexicano que esclarezca la presunta participación de militares en varios casos de desaparición y ejecuciones extrajudiciales de personas.