La fiscalía mexicana informó este miércoles que obtuvo una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos contra el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, que se fugó de prisión en julio, después de que en agosto fuera suspendida otra orden similar.

"En cumplimiento a la petición del gobierno de los Estados Unidos de América, la procuraduría general de la República solicitó y obtuvo del juzgado de Distrito en turno, orden de detención con fines de extradición en contra de Joaquín Guzmán Loera", dijo la dependencia en un comunicado.

El requerimiento fue hecho por la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas (sur de EEUU) "a fin de ser procesado por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego".

El líder del cártel de Sinaloa, considerado el narco más poderoso del mundo, se fugó de forma espectacular de una prisión de alta seguridad el pasado 11 de julio a través de un túnel de 1,5 km cavado debajo de la ducha de su celda.

El capo, de 58 años, había sido detenido en febrero de 2014 en un operativo que contó con información de inteligencia de la agencia federal antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) luego de que en enero de 2001 se fugó de otro penal de máxima seguridad en Jalisco (oeste) supuestamente escondido en un carrito de la ropa sucia.

En julio, la fiscalía había obtenido otra orden de detención con fines de extradición para "El Chapo" a petición de una Corte Federal de California por asociación delictuosa "para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína", pero un tribunal mexicano acabó suspendiéndola el 10 de agosto.

Esto, después de que el 31 de julio, la defensa de Guzmán consiguió que un primer juzgado suspendiera la orden de captura, resolución que fue impugnada por la fiscalía general sin éxito.

Tras su detención en febrero de 2014, Estados Unidos solicitó la extradición de Guzmán, pero el gobierno mexicano recalcó que antes de ser extraditado tenía que cumplir condena en su país y el propio presidente Enrique Peña Nieto aseguró que estaría bien vigilado.

Su fuga fue un duro golpe para el gobierno, que ahora ofrece 3,8 millones de dólares por su recaptura.