Guadalajara, Jalisco.

El río Santiago nace en Chapala, el lago más grande de México, y serpentea 475 kilómetros entre diversos municipios de Jalisco y Nayarit para desembocar en el océano Pacífico. Ese recorrido es tierra de un solo hombre: Adalberto Campa García. O al menos lo fue durante dos años. Campa fue el único encargado de vigilar las descargas de aguas residuales cuando el río más contaminado del país fluye por Jalisco.

Fue un sheriff solitario. Entre 2020 y 2021 era el único inspector asignado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para examinar los desechos que se vierten en el río Santiago. Este pasante de ingeniero topógrafo tuvo durante ese par de años sobre su espalda la responsabilidad de vigilar los vertidos de unos 40 mil usuarios en el tramo jalisciense del sistema Lerma-Santiago, una de las cuencas más importantes del país.

Este no es un río recuperado como el Támesis que atraviesa Londres o el Rin que cruza desde Suiza hasta Países Bajos. El Santiago es un afluente que diariamente recibe más de 500 millones de toneladas de sustancias tóxicas procedentes de plantas industriales, empresas agrícolas, instituciones públicas y residencias particulares. Aquí el olor es nauseabundo. La pestilencia atraviesa calles, escuelas, plazas públicas y templos. Penetra en los hogares y queda impregnada en cortinas, paredes, muebles y ropa.

La contaminación y las enfermedades que provoca en la población que vive cerca del cauce del río Santiago son atribuibles al exceso de vertidos tóxicos, al deficiente tratamiento de aguas residuales y al incumplimiento de las normas establecidas por la propia Conagua y por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Pero el Santiago no es el único. Los ríos, torrentes y cuencas en México son escasamente monitoreados. La cantidad de inspectores que supervisan las descargas es prácticamente la misma que hace doce años, los vigilantes no pueden cumplir con sus metas de inspección y la falta de inversiones gubernamentales para revisar la calidad del agua ha originado una burocracia que favorece la contaminación, de acuerdo con una investigación apoyada por Quinto Elemento Lab.

El gobierno federal tiene 163 inspectores para vigilar el uso del agua y las descargas residuales en todo el país. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), un órgano del congreso federal, ha planteado que deberían ser cuando menos cuatro veces más.

No sólo eso. En los últimos tres años se redujeron a la mitad las visitas que hace la autoridad para vigilar el correcto uso del agua y sus vertidos, la apertura de procedimientos contra usuarios que violan las reglas cayó drásticamente así como también tocó niveles mínimos la imposición de sanciones económicas y administrativas contra los infractores.

“Las visitas de inspección y verificación son la principal herramienta con las que cuenta la autoridad del agua para comprobar que los usuarios cumplen con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales”, respondió la Conagua vía Transparencia, y admitió que sus visitas son ahora menos frecuentes que antes.

Los primeros años de la administración lopezobradorista han registrado los desplomes más pronunciados en cantidad de inspecciones por parte de Conagua: en 2019 cayeron 64 por ciento respecto al año previo y en 2020 el descenso fue de 50 por ciento. Portavoces de la Conagua no estuvieron disponibles para ofrecer comentarios para este reportaje.

Si hay menos visitas de inspectores, hay menos viajes y hay menos gasto. Por ejemplo, en 2016 se destinó un millón 351 mil pesos para pagar viáticos, pasajes aéreos y combustible para que los inspectores hicieran labores de campo y supervisión. Para 2020 ese gasto fue de solo 783 mil pesos, según la Conagua.

Ese fue el año en que Adalberto Campa tenía bajo su responsabilidad supervisar un territorio donde había unos 40 mil usuarios con permisos para explotar agua y realizar vertidos. Pero el sheriff solitario no se dió abasto. La meta de inspección para Jalisco en 2020 era de 176 visitas de supervisión, pero Campa sólo logró realizar 34, según los datos de Conagua.

“Los recortes presupuestales (...) nos han obligado a ser más cuidadosos en la planeación anual sobre a quién vigilar para aprovechar al máximo los pocos recursos que tenemos”, dijo en entrevista Daniel Alberto Arámbula Montiel, director de la oficina de Conagua encargado de la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico.

Después de más de 32 años trabajando para Conagua, el sheriff pidió a mediados de 2021 su cambio de adscripción por motivos de salud. Ahora hay dos nuevas inspectoras para vigilar las descargas en Jalisco, según explicó Arámbula, quien es el jefe de ambas.

Tener suficientes inspectores que puedan visitar sorpresivamente a los usuarios es crucial para monitorear sus actividades. Estos agentes suelen llegar sin previo aviso, entregan una orden de visita, recorren el establecimiento para constatar los volúmenes que se extraen y las aguas residuales, y levantan un acta con los hechos, omisiones o conductas infractoras, si es que las hay. Los inspectores también van a las orillas de ríos, lagos y lagunas a tomar muestras para conocer la calidad del agua y pueden clausurar establecimientos que usan el agua sin permiso y que, por lo general, son descubiertos gracias a denuncias ciudadanas.

En su revisión de desempeño del año 2020, la ASF encontró que la Conagua sólo realizó el 29 por ciento de las 4 mil 500 mil visitas de inspección que tenía fijadas como meta a escala nacional. La ASF criticó que la Conagua no realizó una programación acorde con las verificaciones necesarias de acuerdo con el total de usuarios, ni con aquellos que explotan un mayor volumen de agua.

Seis años antes, desde 2014, la ASF ya había advertido que la Conagua carecía del músculo necesario para hacer cumplir la ley y recomendó que el organismo necesitaba “incrementar la fuerza laboral y equipamiento en 3.9 veces para disponer de 705 inspectores, a efecto de generar una mayor presencia de la autoridad del agua y por ende un mayor cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales, con lo que se revisarían cada año alrededor de 6 mil 022 usuarios y permisionarios del agua”.

Los 163 inspectores de la Conagua deben vigilar las actividades de más de 523 mil permisionarios que explotan el agua y realizan vertidos en ríos y cuencas. La cantidad de inspectores es similar a la que existía en 2010, aunque el número de permisionarios creció en más de 70 mil en ese mismo lapso.

Burocracia y portazo en las narices

La falta de inspectores no es el único problema que hay para vigilar que los permisionarios realicen un correcto vertido de aguas residuales y que éstas hayan sido tratadas adecuadamente. La carga de trabajo, la burocracia y la reticencia de los usuarios para permitir el ingreso de supervisores también son obstáculos para examinar la calidad del agua.

Los inspectores tienen que ingresar a los establecimientos sin que les impidan el paso, deben esperar a que un especialista externo los acompañe y se lleve las muestras del agua residual a un laboratorio y tienen que llenar actas de inspección para que las revise un abogado. Esas actas pasan a otras áreas de la Conagua para que sean calificadas y, en su caso, se impongan sanciones, se cobren, o se inicie un litigio si el afectado impugna.

Entre 2010 y 2021 hubo 827 ocasiones en las que se les impidió el paso a los agentes, esto es un promedio anual de 75 portazos, según informó la Conagua vía Transparencia, aunque no aclaró si llamaron a la fuerza pública para lograr ingresar a los establecimientos.

Las actas que surgen de las visitas de inspección son revisadas por la Gerencia de Calificación de Infracciones; si hay irregularidades se abre un procedimiento administrativo, se le comunica al usuario, se le da un plazo para que responda y, conforme a las respuestas que emita, la Conagua dicta una resolución final, en donde puede o no ser sancionado económicamente.

Pero la burocracia ha frenado de forma significativa estas revisiones. De acuerdo con la Conagua, en 2020 tenía un rezago de mil 200 actas sin calificar. Este atraso tampoco es nuevo, la ASF ya había señalado en 2014 que la Conagua tenía acumuladas 9 mil 345 actas derivadas de visitas de inspección y solo había calificado el 79 por ciento de ellas.

Una visita de inspección a un establecimiento que cuenta con un permiso para extracción de agua,  lleva un tiempo promedio de tres a cinco horas.  En caso de descargas, la visita dura hasta 24 horas.

Vertidos de aguas en el río Santiago, donde los inspectores deben vigilar la calidad del agua (Foto: Rafael del Río)

Para examinar los vertidos, la Conagua cuenta con un centro de análisis: el Laboratorio Nacional de Referencia, que el año pasado operó con 9 personas y un presupuesto de 3.8 millones de pesos. Este laboratorio, sin embargo, resulta insuficiente y la Conagua tiene que contratar laboratorios privados para elevar su capacidad de análisis de la calidad de agua descargada.

En nueve años, de 2012 a 2021, la Conagua contrató a diez laboratorios privados para apoyar con el análisis de las descargas de aguas residuales, según una respuesta del organismo. El año pasado sólo había un laboratorio externo contratado para ayudar al muestreo, según informó el directivo de Conagua, Arámbula Montiel.

El contar con un solo laboratorio externo para todo el país provoca que se analice un número muy limitado de muestras. Los estados tienen que esperar meses a que los muestreadores visiten una localidad pues la Conagua los asigna para que acudan a ayudar a los inspectores de los Organismos de Cuenca y las direcciones estatales.

Además de las contratación de laboratorios externos que ayuden a la Conagua, el organismo también permite que haya una autoinspección donde los usuarios contratan directamente un laboratorio que los revise.

Los usuarios que tienen permisos para descargar aguas residuales a ríos, lagos o acuíferos pueden exentar ciertos pagos a la Conagua siempre que no rebasen los límites permisibles de contaminantes. Para gozar de ese privilegio, las industrias deben contratar a laboratorios privados para que analicen sus descargas. Esos laboratorios entregan los resultados tanto al cliente como a la Conagua, sin embargo, estos análisis no son públicos para la ciudadanía ni para los mismos inspectores de la Conagua; sólo son accesibles para el área fiscal de ese organismo.

La investigadora Cindy McCulligh, quien por años ha investigado las problemáticas del río Santiago, consideró que este proceso de autoinspección fiscal es de dudosa confiabilidad pues lo realiza un laboratorio privado en un lugar y tiempo acordado con el permisionario que será evaluado, y esto puede dar pie a que las industrias manipulen sus procesos de descargas o presenten resultados alterados.

La cuenca Lerma Santiago Pacífico está integrada por nueve estados: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas; de esta cuenca dependen más de 23 millones de personas y los 300 municipios que la componen tienen una economía que en conjunto representa el 17 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

El último estudio que midió la cantidad de contaminantes en el río Santiago lo realizó en 2011 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), que depende de la Conagua, donde se especificó que el río Santiago recibía diariamente más de 500 toneladas de tóxicos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó en junio pasado que se haga una actualización del estudio para conocer las condiciones actuales del río.

La CNDH criticó que las políticas públicas actuales son insuficientes para recuperar la calidad del río Santiago y alertó a las autoridades a que presten atención a enfermedades como cáncer u otros padecimientos crónico degenerativos que sufre parte de la población que vive en municipios colindantes con el río y que pudieran estar relacionados con los niveles de contaminantes que se vierten en el agua.

Vigilancia y sanciones

Las descargas en el río Santiago que deben ser vigiladas y monitoreadas típicamente contienen contaminantes como desechos sólidos, nitrógeno, fósforo, grasas y aceites, cobre, níquel y plomo.

El Lerma-Santiago abarca varios territorios del país y es el segundo afluente más largo de México. El río Lerma nace en el Estado de México y pasa por Querétaro, Guanajuato y Michoacán hasta llegar al lago de Chapala en Jalisco, donde inicia el río Santiago, que cruza por Nayarit hasta llegar al Pacífico.

En su recorrido, el Lerma-Santiago va acumulando desechos de fábricas, industrias, servicios públicos, casas particulares, empresas agrícolas, de acuicultura y porcícolas, entre otras.

Los inspectores de la Conagua son auxiliados por supervisores de la Profepa, que tiene el poder para vigilar y sancionar a usuarios en el tema de descargas. La Profepa, que declinó conceder una entrevista para este reportaje, informó vía Transparencia que cuenta con 432 inspectores para todo el país facultados para realizar inspecciones no solamente en ríos o cuencas, sino también en bosques, ecosistemas costeros y marinos, entre otros.

Pero la Profepa, al igual que la Conagua, ha sufrido una disminución en el número de inspectores: De contar con 874 vigilantes en 2014, hoy trabajan con la mitad de lo que era su plantilla laboral. 

En su paso por Jalisco, el río Santiago se ha convertido en un escurridero de desechos manufactureros y urbanos. El municipio de El Salto tiene un corredor industrial, donde están asentadas empresas que producen artículos de piel, textiles, aparatos electrónicos y de computación; colchones, productos metálicos, químicos, de plástico, derivados del petróleo y el carbón, alimentos y bebidas.

“Hay días que el olor del río te despierta, como si te dieran un golpe en la cabeza. Tú estás dormida profundamente y llega la pestilencia, entre huevo y lodo podrido. Yo me pongo a llorar. Pienso que no merecemos vivir así”, dijo Marisa Yáñez Rodríguez, quien habita en El Salto desde hace cuatro décadas.

Contaminación en el río Santiago (Foto: Rafael del Río)

El Gobierno de Jalisco ventiló en 2020 el nombre de 29 empresas del corredor industrial a las que consideró las “más sucias”. La tequilera José Cuervo, la productora de chocolates Hershey, la automotriz Honda y la fabricante de productos químicos Mexichem Derivados fueron mencionadas como parte de esa lista.

La Asociación de Industriales de El Salto (AISAC), que agrupa a más de 80 compañías en la zona, aseguró que las empresas son limpias y cumplen con las normas y certificaciones ambientales. “Todas las grandes industrias tienen plantas de tratamiento; sólo los almacenes que descargan residuos sanitarios no tienen, pero son pocos”, dijo Raúl Guitrón Robles, presidente de ese organismo empresarial.

La inspección sería significativa si se lograra desalentar los delitos ambientales, y la manera eficaz de lograrlo sería  que los usuarios recibieran  sanciones ejemplares cuando fueran sorprendidos violando las reglamentaciones. Sin embargo, esto no ocurre como debería.

De 2012 a 2021, la Conagua impuso a nivel nacional más de 14 mil sanciones económicas por un monto total de 1 mil 306 millones de pesos, según información obtenida por El Universal, aunque de esas multas solo existe la certeza de que la autoridad ha logrado cobrar 568 millones de pesos.

Tan solo en Jalisco, de 2010 al 2020 la Conagua multó al menos a 102 usuarios con un monto global de 22 millones de pesos, pero solo logró que 12 pagaran en total apenas 2.4 millones de pesos, según una respuesta vía Transparencia.

Cualquier usuario multado se puede inconformar. Entre 2009 y 2021, mil 577 usuarios alrededor del país impugnaron la multa. 45 por ciento le ganó a Conagua y esquivó las sanciones.

“Parece que aquí nadie comete ningún delito. Es una impunidad corporativa tremenda”, señaló la integrante de la asociación civil Un Salto de Vida, Graciela González. La activista, que lleva más de diez años defendiendo el territorio en el municipio jalisciense de El Salto, lamentó que las empresas aprovechen la escasa vigilancia pues saben que es mínima la probabilidad de ser sancionadas.

La ASF también ha criticado que la Conagua ha sido omisa en imponer sanciones a los infractores cuando el resultado de las actas de inspección los deben obligar a pagar multas. El organismo se justificó al señalar que el bajo porcentaje de ejecución de sanciones se debe a los recortes presupuestales que han originado una disminución del personal y una rezago en la calificación de las actas que se levantan.

Las multas debían ser un incentivo para que las empresas y los particulares no contaminen el agua. En otros países son además una fuente de recursos para limpiar los ríos ya contaminados. En México, el problema es que el dinero de multas y sanciones no se utiliza para sanear los ríos o las cuencas, sino que los recursos llegan al Tesorería de la federación y se aplican en otros rubros, de acuerdo con el experto Ricardo Martínez Lagunes, quien ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de las Naciones Unidas.

“El presupuesto debería utilizarse para cuidar la administración del agua porque esa misión no la tiene nadie más en México. La actividad especial de la Conagua es vigilar los permisos que otorga, pero desafortunadamente hace muchas otras cosas, como operar el sistema Cutzamala o pensar que su labor principal es atender emergencias”, dijo Martínez Lagunes.

El río Santiago, un caudal tóxico. (Foto: Rafael del Río)

Del ‘Niágara’ a la espuma

“La espuma del río se eleva y llena el cielo. En ocasiones parece que está nevando”, describió Alan Omar Esparza, mientras se tapaba la nariz al señalar la cascada. Este es un sitio que los lugareños solían identificar como el ‘Niágara mexicano’.

La contaminación en este tramo del río Santiago ha provocado la muerte de especies de vida silvestre, impidió que su agua fuera apta para el consumo humano e incluso en 2008 se le atribuyó el fallecimiento de un menor que cayó al agua y murió por intoxicación. El vertido de productos químicos es de tal magnitud que genera una espuma blanca que vuela al ritmo del viento.

Del ‘Niágara’ ya no queda nada, ahora la prensa internacional no duda en llamarlo “un caudal tóxico que ha envenenado a cientos en México”.

“En tiempos de calor y lluvia, el olor se incrementa y provoca que te lloren los ojos. Tienes que andar muy cubierto para aguantar el olor y porque hay remolinos de mosquitos que se confunden con la espuma que sale del río. Nosotros nos hemos ido acostumbrando, pero mi papá no; él se pone nostálgico cuando recuerda cómo era antes su vida. Mi abuelo pescaba. Recorría el río en su canoa y sacaba carpas”, dijo Esparza.

“Uno de los grandes responsables de la tragedia ambiental y social han sido las autoridades. Ofrecieron facilidades a la industria para arrojar sus desechos a los cauces, a los arroyos, a las presas, al drenaje del municipio, y todo eso va a dar al río”, afirmó en entrevista el cronista de El Salto, Manuel Salas Mercado.

“Por la contaminación todos hemos sufrido. Mi hermano, mi madre y mi esposa murieron de cáncer. Los funcionarios públicos dicen que la enfermedad no tiene relación con la contaminación, pero nosotros creemos que sí”, agregó.

El Salto es una de las comunidades con mayor índice de enfermos renales en Jalisco, afectando sobre todo a la población de entre 16 y 35 años. La asociación civil Un Salto con Destino ofrece ayuda para la detección y para conseguir medicamentos. “Aquí en El Salto, principalmente le echamos la culpa al río. Lo que antes era nuestro orgullo ahora es nuestra decepción”, lamentó Jorge Adán Flores Franco, director de la organización.

Francisco Javier González Ledesma, un vecino de 22 años, indicó que los síntomas de su enfermedad renal comenzaron cuando era niño. “Ha sido un martirio. Uno no tiene ganas de hacer nada; casi todo el día quieres estar dormido. Sentía mucho dolor de cabeza y cuerpo. Es una enfermedad muy agotadora y cara. Tomo ocho pastillas al día”.

Omar Vélez, de 23 años, quien recibió un riñón de su mamá, dijo: “Antes del trasplante ni quería levantarme de la cama porque me sentía tan pesado que prefería dormir. Cuando llegué al trasplante, todo cambió; ya camino y hago ejercicio”. Omar también cree que la contaminación desencadenó su enfermedad.

La investigadora McCulligh explicó que hay serias deficiencias alrededor del río Santiago que abarcan desde la extracción desmedida del agua, pozos clandestinos, la reducción del presupuesto, una caída en el número de inspecciones y planes parciales que no están abordando la problemática en su totalidad.

“Debe haber una base participativa y construida de manera colectiva para pensar qué implica restaurar el río que está en estas condiciones y tomando en cuenta el crecimiento urbano e industrial”, opinó la experta.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ideó nuevos reglamentos que serán puestos en marcha el próximo año para volver más rigurosas las medidas de protección al agua en México.

La actual NOM-001-Semarnat 1996 establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, pero en marzo de 2023 entrará en vigor la NOM-001-Semarnat 2021 en la cual se agregan parámetros de color, temperatura, demanda química de oxígeno y toxicidad que los usuarios deben cumplir.

“La NOM-001-Semarnat 2021 representa un avance pues es un mejor instrumento, sin embargo nos regresa al problema de la inspección, porque ha habido incumplimientos de la norma a falta de una estrategia suficiente y efectiva para su aplicación”, advirtió McCulligh.

Y volvemos entonces a la falta de inspectores. Un solo sheriff de la Conagua no podría supervisar a todos los usuarios de un río como el Santiago, y tampoco podrían dos nuevas inspectoras.

“Las propuestas sobre descarga cero y el tratar las aguas residuales es algo a lo que debemos aspirar pues todos somos responsables de la contaminación”, reconoció el directivo de la Conagua, Arámbula Montiel.

“No perdemos la esperanza y seguiremos atendiendo las causas que tienen así al río Santiago....

Cuando la gente se enferma, ya no le importa si la causa fue el río, la fábrica o la basurera; lo que necesita es medicina”, dijo Graciela González.

Por Adriana Navarro Ramírez / Quinto Elemento Lab